Con vacaciones obligadas se ha interrumpido el ingreso de seis jóvenes en el Hospital de San Juan, mientras recibían tratamiento por su anorexia. Situación relativamente habitual que, sin embargo, ha generado una indignación sin precedentes. El conflicto se venía advirtiendo desde hacía unos meses y, en este sentido, era previsible. Pero nadie movió ficha, quizás porque la Salud Mental sigue siendo la gran olvidada del sistema sanitario público. Y por muchos años, no lo duden.
En esta ocasión, lo llamativo han sido las formas y, por supuesto, las burdas justificaciones ofrecidas a posteriori. Disculpen mi ignorancia, pero desconocía que pudieran concederse altas médicas por unos «motivos administrativos» que, por cierto, no son otros que el cierre del recurso asistencial que atendía a estas pacientes. Así se les ha comunicado en sus correspondientes informes de alta. Eso sí, solo se baja la persiana en agosto, que es cuando la sanidad valenciana deja de ser universal para convertirse en restringido. El engaño se convierte en mayúsculo cuando se observa que las camas siguen funcionando, aunque ocupadas ahora por enfermos con otros tipos de patologías. Y es que, a este paso, la anorexia acabará por ser considerada una enfermedad de temporada.
El lío adquiere dimensiones monumentales cuando a las pacientes se les propone, siempre que lo deseen, el ingreso en un hospital que no dispone de este tipo de tratamientos (Orihuela) o en una unidad psiquiátrica general. Ya puestos, podrían haber planteado su derivación a otras unidades especializadas como las disponibles en València o Castellón. Pero no. A la oferta se añade la posibilidad de regresar a San Juan, si bien nunca antes de septiembre. Una peculiar «atención individualizada» algo compleja de entender. Si hay motivos para ingresar en otro hospital y tanto las camas como el personal siguen disponibles en San Juan, no comprendo por qué se les envía a casa. Y si no hay razones para seguir ingresadas ¿para qué marear la perdiz ofreciendo un nuevo ingreso? Lo dicho, debo ser ignorante del carajo porque no entiendo nada.
La consellera del ramo, Ana Barceló, dice que todo está correcto y que confía en la decisión de los facultativos. Rompo una lanza en su favor y me congratulo por su respeto al criterio médico. El problema es que, en esta ocasión, sus subordinados deben haberle informado mal, tal vez abusando de una «lealtad institucional» mal entendida. Una lealtad que, por cierto, es debida a la institución y a las personas que dependen de ella, y no tanto a los superiores que, como humanos, también cometen errores. Y es que una pretendida lealtad incapaz de advertir y reconocer los fallos, acaba convirtiéndose en el más desleal de los comportamientos.
Tal es el involuntario despropósito de la consellera, que acaba por reconocer implícitamente la falta de equidad en la sanidad pública valenciana. Dicho de otro modo, da la impresión de que Barceló considera adecuado que unas jóvenes interrumpan su tratamiento por la decisión de quienes, desde puestos de gestión y no asistenciales, consideran que las camas deben ser utilizadas para otros tipos de pacientes. Dudo que piense así, por supuesto, pero esta es la única conclusión a la que nos dirige la evidencia. Finalmente, el hospital zanja la polémica con un «si nos hemos equivocado, pedimos disculpas», aunque sigan sin dar su brazo a torcer. Silencio y calma, que aquí no ha pasado nada. Es verano.
El desaguisado ocurrido del Hospital de San Juan no es una situación excepcional, si atendemos al abandono que sufre la atención a la Salud Mental en la Comunidad Valenciana y, especialmente, en la provincia de Alicante. Muy al contrario, lo uno conlleva lo otro. Vaya, que la ineptitud para planificar, presupuestar y disponer de los medios necesarios, acaba generando este tipo de situaciones caóticas. En honor a la verdad, la actual consellera ha recibido una herencia envenenada de su antecesora, Carmen Montón. El legado apenas se constituye de promesas y buenas palabras que, a un año vista para concluir la legislatura, van quedado en agua de borrajas. Fue ella, ahora ministra, quien decidió eliminar el Servicio de Salud Mental del organigrama de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, importándole un rábano la opinión contraria de las asociaciones de afectados. En su lugar, prometió una Oficina Autonómica de Salud Mental que es el hazmerreír de la administración sanitaria, con todo el cariño que pudieran merecer quienes dicen ser parte de ese ente abstracto. Y es que, cuando un supuesto órgano administrativo no aparece en el Reglamento Orgánico y Funcional de una conselleria, simplemente no existe. Lo demás son milongas.
A medida que avanzan los años, la provincia de Alicante profundiza en sus diferencias respecto a las de Valencia y Castellón. Aprovechando que el último dislate se centra en los trastornos alimentarios, alguien tendrá que justificar por qué esta provincia no dispone de un hospital de día para atender este tipo de patologías. Solo así es posible ofrecer una continuidad de los tratamientos como viene sucediendo, desde hace más de una década, en el Hospital La Fe o en el Provincial de Castellón. En su lugar -y como recientemente denunciaba una de las afectadas en INFORMACIÓN-, las pacientes están siendo derivadas a centros privados que encuentran un suculento mercado en el desinterés de los gestores públicos. No es preciso ser muy avispado para advertir que, para favorecer la iniciativa privada, no hay mejor estrategia que paralizar la acción del sistema público. Por ello es llamativo que, lejos de solucionar el problema, los responsables sanitarios sigan ajenos a una situación que, en algunos casos, fomenta un peligroso y creciente conflicto de intereses personales.
La realidad es que se invierte poco -más bien, nada- en la atención a la Salud Mental en esta provincia. Por ejemplo, seguimos sin disponer de una unidad de media estancia. Me dirán que la Diputación ya ofrece ese servicio y, una vez más, habrá que recordar que no es esa su función ni recibe un céntimo por ello. Por el contrario, se mantiene la deuda con Alicante en comparación a la unidad que dispone la Conselleria de Sanidad en la ciudad de València o aquella de la que es cotitular en el Consorcio Hospitalario de Castellón. Los cierres tampoco son novedad y así pasó a mejor vida el Programa de Primeros Episodios Psicóticos del Hospital de San Juan. Tres años después, los pacientes andan desperdigados en unidades ambulatorias sin los medios apropiados para ofrecer una asistencia tan especializada. Y a nadie parece avergonzar que el Hospital General de Alicante no disponga de urgencias psiquiátricas -increíble ¿verdad?- o que los hospitales de día infanto-juveniles sigan siendo una quimera por estas tierras. Los de adultos, por su parte, son insuficientes y se mantienen constantemente saturados, manteniendo ese círculo vicioso de derivaciones a la iniciativa privada por dejación de funciones del sistema público. En fin, la lista de agravios es extensa, siempre compartiendo una característica común: ni respuestas, ni responsables.
¿Aún les sigue extrañando lo de San Juan? Supongo que no.
