Esta misma semana, en el diario INFORMACIÓN, pudimos disfrutar de un excelente reportaje firmado por el periodista de esta casa, Pere Rostoll, en el que se fijaba claramente cuál ha sido el resultado del esfuerzo financiero que los municipios de la provincia de Alicante, y por qué no decirlo, de toda España, han hecho para reducir muy notablemente sus deudas financieras.
Una que, por suerte, tiene el privilegio de convivir con muchos alcaldes y alcaldesas a razón de mis responsabilidades orgánicas e institucionales, no le sorprende en nada estos datos, pese a que estamos hablando de reducciones de deudas multimillonarias. Y no, no me ha sorprendido porque he sido conocedora y sigo siendo, de los inmensos esfuerzos, cuando no penurias, por las que tienen que pasar día a día los alcaldes y alcaldesas de los diferentes ayuntamientos para poder gestionar sus municipios. Se dice, no sin cierto tono crítico, que los alcaldes y alcaldesas son llorones. No me parece justo. Lo que son es reivindicativos, y con total razón. Trasladan una realidad cotidiana e insistente cuando se quejan de las tremendas dificultades con las que tienen que bregar para sacar adelante su gestión.
Sonará duro, pero no ha sido este tiempo un buen momento para el municipalismo. Han sido los ayuntamientos los grandes paganos institucionales de las crisis económicas, viviendo siempre entre la amenaza y la rigidez de unas leyes cuyos legisladores no han querido reblandecer para aliviar la vida municipal. Todo esto, además, con mil ojos en cada pago, en cada factura, rezando para que no se tenga que hacer ninguna acción urgente que requiera gastar un euro de más, bajo la amenaza de que alguien quiera llevarte al juzgado o que no te retrases en el pago a un proveedor unos días para no sufrir una multa y que se te endurezcan las condiciones.
Y esta es la realidad, a veces desconocida. Entiendo que, en ocasiones, los problemas de un ayuntamiento son por culpa de la mala gestión, pero tengamos claro que muchos de ellos se deben a lo encorsetado de la vida municipal, a la rigidez presupuestaria, a una maquinaria a la que las leyes (especialmente las puestas en marcha por Montoro) en lugar de poner aceite para que rueden con suavidad, parece haberle echado sal hasta casi bloquearlas.
Pese a esto, hemos de reconocer la motivación y el gran trabajo que realizan la gran mayoría de alcaldes y alcaldesas, que pese a estas «rocas» en el camino, han sabido en muchos casos realizar gestiones brillantes, cercanas a las necesidades, priorizando el gasto desde una mirada social y desarrollo de sus vecinos y vecinas. Ese ha sido el caso de los alcaldes y alcaldesas socialistas con los que he podido convivir. Un ejemplo de esfuerzo colectivo y responsable que ha tenido en la Generalitat Valenciana que lidera Ximo Puig a un aliado fiel, con medidas tan interesantes como la puesta en marcha del Fondo de Cooperación Municipal.
Con los datos del reportaje del diario INFORMACIÓN, parece justo pues insistir en la necesidad de poner fin a la Ley Montoro de 2013. Una norma, la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que asfixia a muchas administraciones municipales que quieren ofrecer más y mejores servicios a sus vecinos y, sobre todo, aumentar las políticas sociales tras unos años en los que las desigualdades económicas se han acentuado. Derogación o reforma radical, son las dos fórmulas que contemplaron los más de 100 alcaldes y alcaldesas hace más de un año y medio reunidos en València con motivo de las primeras jornadas municipalistas por una financiación justa.
Los municipios necesitan que se vuelva a confiar en los gestores municipales, siendo escrupulosos en el respeto a las leyes y sin bajar la guardia en lo que a transparencia se refiere, pero abandonando la senda de la asfixia económica que tanto les limita a la hora dar respuesta a las necesidades sociales y económicas en sus núcleos urbanos.
