La implantación de los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante queda ahora en manos de la Generalitat Valenciana. La Conselleria de Educación, previo informe preceptivo del departamento de Sanidad, tiene la última palabra para que, dos décadas después de su segregación y adscripción a la Universidad Miguel Hernández, la UA pueda volver a acoger en sus aulas a estudiantes que se hayan marcado en su horizonte profesional ser médicos. Una decisión que, a buen seguro, no estará exenta de presiones e intentos de influir en ella, por parte de las dos partes implicadas en este asunto y que, si las advertencias que se han formulado hasta ahora no se modifican, puede acabar en los tribunales. Como ya ocurriera antaño. Eso sí, la resolución que se adopte debe contener los análisis de situación correspondientes para evitar que en el futuro más inmediato, sea cual sea la decisión, haya más perjuicios que beneficios. Porque no sería deseable que una disposición que debe quedar circunscrita únicamente al ámbito universitario, traspase esa frontera y se vea envuelta en los derroteros de la política, con todo lo que ello conlleva. Argumentos aparte, y ocurra lo que ocurra finalmente, sí que sería de agradecer que, después de los episodios sucedidos antaño, las interrelaciones universitarias entre las dos instituciones no se vuelvan a quebrar. Desde las divergencias y desde las más profundas de las discrepancias algo deberíamos haber aprendido en todo este tiempo para no volver a cometer los mismos errores. Sería imperdonable tener que volver a sufrir esas mismas consecuencias, como si en todos estos años transcurridos no hubiésemos sido capaces de superar las situaciones y todo lo que representaron en su momento en los sectores implicados.
