La «otra» herencia

Su discurso de despedida, como presidente de su partido, se ha centrado, básicamente, en dos aspectos, y uno de ellos ha sido la excelente autoevaluación de su gestión económica. Solo cabe decir, parafraseando a los hombres del fútbol: «es política».

Sin duda, la situación de la economía española, a mediados de 2018 no es la misma que en noviembre de 2011. Afortunadamente, hemos mejorado, y mucho, en diversos aspectos, aunque es igual de cierto que en otros estamos peor.

Rajoy dijo en una ocasión que, quizá, además de saber hacer bien las cosas, tuviera algo de suerte. Y vaya si la tuvo.

No es lo mismo un Banco Central Europeo que sube los tipos de interés, en plena recesión, agravándola, que otro dispuesto a hacer lo «que sea necesario» para salvar el euro, reduciendo los tipos de interés a corto plazo, hasta hacerlos nulos, y que tiene la valentía de emprender un programa de flexibilización cuantitativa, contra el criterio de Alemania, a semejanza de lo que, antes, habían hecho los bancos centrales de EE UU, Japón o Gran Bretaña.

Esto ha supuesto, en los últimos años, una fuente casi inagotable de financiación para la deuda pública española, aunque no solo, y que ha inundado el mercado de una liquidez extraordinaria que ha reducido el coste del servicio de la deuda, para empresas y familias, en muchas decenas de miles de millones de euros, y también, en mayor medida, para el Estado.

Este es uno de los llamados «vientos de cola», que han impulsado la favorable evolución coyuntural de la economía española en los últimos años. Pero hay otros, como el precio del petróleo o la relajación de las exigencias de extrema austeridad por parte de la Comisión Europea, que han permitido al Gobierno de España mantener el mayor déficit fiscal entre todos los países de la UE, lo que sin duda ha coadyuvado a potenciar el crecimiento económico.

Efectivamente, eso es tener suerte, mucha suerte.

Ahora bien, como Rajoy presume tanto de las bondades de su gestión, quizá sea conveniente repasar también los pasivos de su balance global.

El gobierno de Rajoy, a pesar de haber predicado, reiteradamente, que uno no debe «gastarse lo que no tiene», ha incrementado de forma descomunal el nivel de endeudamiento público. Al finalizar el mes de marzo de este año, la deuda de las administraciones públicas, medida según el protocolo de déficit excesivo, alcanzó un saldo de 1,16 billones de euros, casi el 99 por ciento del PIB nominal a la misma fecha. En los últimos doce meses el importe nominal de la deuda creció un 3 por ciento, pero desde diciembre de 2011 lo ha hecho en más de un 56. No quiero amargarles el día, facilitándoles el cálculo de cuanto debemos cada uno de los españoles, desde los 0 hasta los 100 años. Si medimos la deuda en función del total de los pasivos en circulación, que tendremos que devolver, y no en términos del protocolo del déficit excesivo, su importe total es muy superior y pasa sobradamente el 100 por 100 del PIB.

Esto es, ciertamente, una herencia envenenada. Y, particularmente, lo será más dentro de unos meses cuando el BCE retire su programa de compra de deuda y comiencen a subir los tipos de interés, y el coste del servicio de nuestra deuda.

Ligado a lo anterior, como es obvio, está el hecho de que el gobierno de Rajoy, aunque lo ha reducido, ha sido incapaz de controlar el déficit público. De hecho, el Gobierno ha sido cesado sin ser capaz de bajarlo de la barrera del 3 por ciento, que marca la frontera del déficit excesivo. Sus últimos presupuestos preveían reducirlo, pero otra cosa es que, después de la experiencia vivida con los números de Montoro, podamos creer que iban a cumplirse los objetivos de recaudación previstos.

La nueva ministra de Economía no lo ha hecho y ha ido a Bruselas a confesar que el objetivo de déficit era inalcanzable, y ha pedido «árnica» para relajarlo en medio punto porcentual del PIB.

La economía española no tiene un grave problema de gasto público; aunque muchos se empeñen en decirlo. En términos comparativos con los países avanzados de nuestro entorno, ese no es un problema real. Sí lo es, sin embargo, la escasa recaudación de ingresos públicos. España tiene tipos impositivos homologables, pero una presión fiscal muy inferior. En otros términos, una de las herencias que deja el gobierno de Rajoy es no haber abordado una auténtica reforma del sistema impositivo. Es verdad que Montoro tocó cuatro cosas, que fueron puro maquillaje, sin ser capaz de resolver unos problemas de fondo, que siguen intactos. Este es un problema que resulta imprescindible resolver lo antes posible, siempre que queramos mantener, con un mínimo de dignidad, algo que se parezca a un estado de bienestar.

Repasando la gestión de Rajoy, debemos hablar de otras reformas estructurales pendientes.

España es una economía que, tradicionalmente, crece más que las de su entorno cuando los vientos soplan a favor. Pero cuando vienen mal dadas nos resentimos más y destruimos gran cantidad de empleo. Llevamos años oyendo que hay que cambiar de modelo productivo para evitar ese problema. Pero la productividad de nuestra economía continúa mostrando unos resultados excesivamente pobres. La clave está en nuestro sistema educativo y en la ausencia de inversión en investigación y desarrollo, y, en general, en intangibles. Y nada se ha hecho.

Esto también forma parte de la «otra herencia» del gobierno de Rajoy.

¿Y qué decir del mercado de trabajo? Ciertamente en los últimos años ha habido una creación de empleo cuantitativamente destacable. Pero más allá de que todavía mantengamos una tasa de desempleo muy elevada, con un porcentaje exageradamente alto del de larga duración, cabe preguntarse ¿qué tipo de empleo se ha creado? Subempleo; esto es, empleo temporal y a tiempo parcial, no deseados, y mal pagados. Hoy se puede ser pobre trabajando. Por eso no puede extrañarnos que se hable de una «clase media empobrecida». Sin clases medias, no habrá estado de bienestar.

El censo de pasivos hereditarios podría continuar, pero agotarlo requeriría mucho más espacio. Solamente dos apuntes finales.

Uno, el sistema de financiación de las comunidades autónomas vigente, se aprobó siendo Zapatero presidente del gobierno y, en principio, debería haberse renovado en 2014. Rajoy ha tenido mucho tiempo para reformarlo; más de cuatro años. Pero también deja este asunto sin resolver. Es posible que, lamentablemente, muchas personas no vean en ello un hecho excesivamente importante, pero se equivocan. El sistema de financiación de las comunidades autónomas afecta a algo tan esencial como la igualdad de oportunidades entre los españoles y a la adecuada cobertura de los servicios básicos.

Dos, el sistema de pensiones está prácticamente quebrado. Para que el asunto tenga vías de solución hace falta, por supuesto, crear empleo de calidad, abundante y bien retribuido. Por supuesto también hace falta reformar en profundidad nuestro sistema fiscal. Pero algo habrá que hacer, además, con el diseño del sistema de pensiones, más allá de dejar vacía la hucha de las pensiones.

Señor Rajoy, todo esto también forma parte, lamentablemente, de «otra» herencia.