Dejar la deuda de los ayuntamientos de la provincia en mínimos de la serie histórica representa una buena noticia, no solo para las corporaciones locales, sino también para los propios ciudadanos. Las arcas municipales se vacían de números rojos, lo que conlleva que los remanentes de tesorería ya no tengan que dedicarse a la amortización de los préstamos y puedan destinarse a proyectos sostenibles, es decir, a todo tipo de inversiones que no supongan un gasto que deba mantenerse a lo largo del tiempo. Ahora los alcaldes reclaman que los superávits se pueden aplicar a sufragar servicios básicos o gasto corriente, con lo que podrían distribuirlo entre todas sus partidas presupuestarias con la esperanza de que la llegada de los socialistas y la salida de Cristóbal Montoro del Ministerio de Hacienda flexibilice la postura del Gobierno central y se acepten sus planteamientos. Pero, además, la reducción de esos pasivos también conlleva que las corporaciones locales podrán volver a llamar a la puerta de las entidades bancarias para financiar sus presupuestos, habida cuenta de que la recuperación económica también alcanza a los consistorios, como fiel reflejo de lo que ocurre en el resto de la sociedad. Sin embargo, llegados a este punto, a escasamente nueve meses para que las urnas decidan los futuros mandatos en los ayuntamientos, corremos el riesgo de que el gasto vuelva a dispararse para acometer proyectos, obras y servicios que puedan servir de revulsivo a la gestión de los actuales munícipes, volviendo a elevar el techo de los préstamos. La senda del crecimiento debe ser sostenida en el tiempo y no debe acumularse en un breve periodo temporal, como si todo acabara el mismo día en el que los ciudadanos eligen a sus regidores para los siguientes cuatro años.
