14 de julio de 2018
14.07.2018

MALVERSACIÓN RIMA CON DISTENSIÓN

14.07.2018 | 00:46

El tribunal alemán de Schleswig-Holstein confirmó, finalmente, los temores de Pablo Llarena, juez instructor del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas: Carles Puigdemont, anterior presidente de la Generalitat, podría ser extraditado a España por malversación de fondos públicos (con una condena máxima de 12 años de cárcel), pero no por rebelión (penado con 30 años), principal eje de la causa judicial. La decisión aún puede ser recurrida por Puigdemont que, mientras tanto, permanece libre en Alemania y sin medidas cautelares.

Como resaltó rápidamente la prensa alemana, la decisión del tribunal regional deja en una situación incómoda al juez Llarena. A lo que cabe añadir un factor nuevo, que no existía cuando se produjo la detención de Puigdemont en suelo alemán: la declarada voluntad de distensión que pretenden llevar adelante los nuevos inquilinos de La Moncloa, Pedro Sánchez, y la Generalitat, Quim Torra.

La intención de llevar el conflicto entre Madrid y Barcelona del plano jurídico (como abonó el Ejecutivo de Mariano Rajoy) al político ya ha tenido dos visualizaciones: el traslado de los presos independentistas a cárceles catalanas y el reciente encuentro monclovita entre Sánchez y Torra.

A la vista de la decisión de Schleswig-Holstein ya se oyen voces para que, en el momento oportuno, la Fiscalía General del Estado (dependiente del Gobierno) modifique sus posiciones y «rebaje» las peticiones de condena para los encausados. Algo que convendría mucho a determinados actores políticos (PSOE, ERC y PDeCAT) y no tanto a otros (PP, Ciudadanos, CUP, CDRs). Así que habrá que ver cómo se desarrollan las cosas de aquí a noviembre, fecha previsible del comienzo del juicio en el Tribunal Supremo.

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