Esta misma semana saltaba la noticia de que un hombre de 42 años había sido detenido en Dénia por amenazar de muerte a sus vecinos homosexuales. Los propios agentes de la Policía Nacional, de hecho, fueron testigos de cómo el arrestado llamaba «maricones de mierda» a la pareja y les amenazaba con que les iba a cortar el cuello en cuanto quedara libre. Lo peor es que casos como éstos son más habituales de lo que sería deseable, hasta el extremo de que las últimas estadísticas apuntan a un incremento de los ataques homófobos, racistas o contra personas con discapacidad, a la sazón, cuando estos últimos son los que lideran la lista de delitos de odio más cometidos en esta provincia. Por eso, aunque de momento tenemos el Código Penal, no estaría de más comenzar a pensar en una ley específica que regule este tipo de ataques que se centran en colectivos ya de por sí vulnerables. Sobre todo porque eso permitiría concretar y definir límites, de manera que no haya delitos de odio como tal -esos que se centran en minorías discriminadas- que queden impunes, mientras que en otros casos lo que no es más que el resultado de la libertad de expresión acaba penado. De momento, iniciativas como la de la Dirección General de la Policía de impulsar la figura del interlocutor social para facilitar el contacto y apoyo a los colectivos con mayor probabilidad de convertirse en víctimas o cursos como el organizado ayer en la Universidad de Alicante son pasos importantes. Ahora bien, mientras tanto, y si es que finalmente esa ley llega, tampoco estaría de más apostar por campañas de sensibilización y formación, dirigidas a cuerpos y fuerzas de seguridad y otros funcionarios, pero, sobre todo, dirigidas a las posibles víctimas, que, en muchos casos, se resisten a denunciar por miedo y vergüenza. Porque sólo con la denuncia de estos ataques se podrá comenzar a poner freno a situaciones tan despreciables que recuerdan a siglos ya afortunadamente pasados.
