Mi buen amigo Rafael Herrera, profesor de la UNED, nos convocó en la sede de VilaReal la semana pasada a un grupo de colegas para hablar sobre el derecho de autodeterminación. No se puede negar la oportunidad del encuentro, cuando ya estaba anunciada la primera entrevista de Sánchez y Torra para este lunes. Cuando escribo este artículo, domingo por la noche, no se saben los resultados de la cita, pero sí se conoce la perplejidad que ha producido en muchos las últimas actuaciones de las fuerzas independentistas. La valoración general es que no mejoran las posibilidades de éxito del primer encuentro. Bajo la presión de esta perplejidad tuve que hablar el pasado viernes sobre este asunto. Mi tesis fue la siguiente: el portador de la soberanía es el sistema de Estados. Quien reconoce el derecho de autodeterminación es el sistema de Estados; quien reclama el derecho de autodeterminación hace un acto político que sólo tiene ese destinatario, y no el propio Estado en el que se integra. Ninguna constitución puede incluir el derecho de rebelión ni el derecho de autodeterminación. Esto es una contradicción jurídica que solo se permitieron los soviets porque ellos coquetearon con las contradicciones.
Desde esta perspectiva, Cataluña no tiene derecho de autodeterminación porque el sistema de Estados no se lo ha reconocido. Llevar más adelante este acto político no puede sino cansar y aburrir al mundo. La Europa actual no pasará por ahí. Y no nos engañemos, la Europa que viene, la de los Salvini, Le Pen, Seehoffer y los demás, menos todavía. La operación de hacer estallar el Gobierno de Rajoy con su apoyo a la moción de censura hace a los líderes catalanes corresponsables de lo que pase en España, y no parece demasiado convincente reclamar que estás sometido a un régimen tiránico justo cuando tienes en tu mano la posibilidad de cambiar su Gobierno. Que las fuerzas independentistas hayan votado a Sánchez rompe todos los discursos que se puedan hacer en la ONU o en el mundo. Las minorías españolas tienen poderes decisorios. No se puede ser a la vez unos vasallos colonizados y determinar los gobiernos del imperio. No hay forma de casar ambas cosas. Y sin embargo, la CUP ha dicho que dejar de considerar el referéndum de octubre como un acto constituyente es volver al autonomismo, y que eso implicaría un fracaso que decepcionaría a las bases independentistas. Comprando el argumento, ERC y PDeCAT han suscrito de nuevo la declaración del 9 de noviembre de 2015, que declaraba al Parlament desvinculado de la legislación española. Al hacerlo, se está aprobando el paquete de actos que siguieron al momento de desconexión. Así se llega a la paradoja: una minoría soberana en su casa decide el gobierno en la ajena. ¿Alguien lo entiende? No habrá ninguna potencia extranjera que compre el argumento de una Cataluña colonizada.
Dar a elegir a un pueblo entre lo imposible y el fracaso, ya es fracasar. Pues fracaso es elegir entre la desesperación y la derrota. Lo que faltará será coraje, valentía y claridad de ideas. Parece que Torra no dispone de esas cualidades. Quizás alguien entre los líderes independentistas podría atreverse a decir: todo este proceso ha sido llevado por quien no debía. En realidad, se entregó la dirección del proceso a organizaciones de amateurs políticamente irresponsables, que crearon un discurso incapaz de contrastarse con resultados reales de transformación, que se montaron en un falso sentido de la dignidad cívica y de la pureza del ideal, violando la lógica democrática; que incapaces de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, sometieron no solo al pueblo que dicen representar sino a todos los españoles a un gobierno estéril, porque esa esterilidad beneficiaba sus puntos de vista. De ese modo radical jugaron con su continua capacidad de presión sobre unos líderes que devoraron uno tras otro. Ellos, esas asociaciones, fueron los amos políticos. A cambio dijeron a sus servidores: no os preocupéis, os forjaremos la parafernalia espectacular adecuada para que el fracaso no parezca tal. Tendréis cuantas manifestaciones de dos millones de personas queráis, cada 11 de septiembre.
Esta dinámica nos parece política porque ahora todo es espectacular. Millones de catalanes, férreamente enlazados a estas asociaciones irresponsables, han afirmado: exigimos la república, ese es nuestro único acto político. Pero al mismo tiempo han dicho: dejadnos con nuestra vida cotidiana. Y ambas cosas son también contradictorias. Como ser oprimidos por un gobierno que uno mismo elige. Ese acto único cuesta poco. Amenazar a los políticos con rostros y apellidos con que son traidores si no cumplen lo exigido, cuesta poco. Cargar las culpas a los líderes que se hagan cargo de la realidad, en lugar de mantener ese curso ficticio de las cosas, tampoco cuesta mucho. Por supuesto, es fácil creer que esos grandes espectáculos son el triunfo mismo. Las celebraciones consisten en contar las veces de la celebración. Contar es la manera en que lo repetido parece diferente. Estos actos se pueden considerar sagrados, de tal manera que se pueda lanzar a la hoguera a los que disminuyan su valor. Así se instaurará un universo sacramental paralelo al universo profano. Pero insistiendo en ese camino, se llegará a la esquizofrenia.
La otra opción sería hacerse esta pregunta: ¿Podemos llegar a un acuerdo con una mayoría fiable de españoles acerca del momento en que todo se quebró? ¿Podemos tener un relato común acerca de cuándo se nos comenzó a hacer la injusticia que hoy padecemos? ¿Podemos consensuar con una mayoría de españoles que, en efecto, las previsiones constitucionales se conculcaron en Cataluña con una grave discriminación? ¿Podemos revertir las consecuencias sobrevenidas? Y si es así, ¿podemos llegar a un acuerdo con los españoles que no quieren ser cómplices de un sabotaje a la Constitución española, lentamente elaborado por sus enemigos reales, acerca de las medidas fundamentales a implementar para que esa injusticia no se repita? Quien prefiera generar un mundo paralelo de fantasía sacramental que no toque la realidad, debería preguntarse si no es cómplice de la injusticia que padece. Y quien pretenda aumentar la injusticia con la idea de extraer de ella los beneficios de un mayor agravio, debería comprender que así no podrá tener la solidaridad de los espectadores razonables. Así se imputan a la totalidad del pueblo español las acciones de un partido injusto. Pues no fue el pueblo español el que cometió la injusticia con Cataluña, sino la línea política de un partido. Y eso, por principio, siempre es reversible.
El problema catalán es una mezcla de ignorancia, insensibilidad y mala fe política, por un lado, y de falta ancestral de respeto al Estado español por otro. La única manera de superar a la vez estos dos elementos y generar así condiciones de posibilidad de un diálogo fecundo, es abandonar estas inconsistencias de cada una de la partes. Nuestra Constitución no es una máquina de producir injusticias insuperables e irreversibles en nuestras minorías, lo que haría inevitable y justa la aplicación del principio de autodeterminación, y por eso merece un respeto; pero tampoco las minorías catalanas se quejan de puro victimismo. Han sido víctimas de injusticias reales, atribuibles a opciones de partido, no a opciones del pueblo español. Se deben a mutaciones de la Constitución inducidas, no a la Constitución en sí misma. Urge hacer un relato común de lo que ha pasado desde la segunda legislatura de Aznar y ponerle remedio. Porque hay mayorías políticas para hacerlo. Ni Rivera ni Casado lo van a hacer. Y si fueran ellos los que reformaran la Constitución española, entonces el problema se elevaría a tragedia.
