Parece que ya se ha levantado la veda de las promesas electorales cuando todavía faltan más de 10 meses para las municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo, o al menos para los firmantes del pacto del Botánico que ya han puesto en marcha la maquinaria de anunciar proyectos e inversiones de más que dudosa concreción. O al menos es lo que da por pensar, a bote pronto, cuando se escucha anunciar ayer en València al presidente de la Generalitat Ximo Puig, junto a la consellera de Justicia Gabriela Bravo, en la presentación del Plan de Infraestructuras Judiciales de la Comunidad Valenciana, una inversión de 53 millones de euros para la construcción de la tan demandada como necesaria Ciudad de la Justicia de Alicante. Y no porque sea un proyecto que fue presentado inicialmente allá por el año 2002 (ya ha llovido), cuando se eligió como ubicación «definitiva» el solar del antiguo cuartel de San Fernando, que también podría ser. Pero sí porque se mantiene al mismo tiempo una inversión de 24,5 millones de euros para la rehabilitación del actual Palacio de Justicia, en el mismo barrio, en Benalúa, en frente, unas instalaciones con importantes daños estructurales según vienen denunciando todas las partes implicadas. No hay para chocolate y nos prometen dos tazas. Da más por pensar que al final se optará por una solución económica, como ya ocurrió al final de la última legislatura del PP cuando se decidió remendar la sede de la Audiencia Provincial ante la ya escandalosa situación del edificio. Y también porque en esta provincia y en esta ciudad ya estamos por desgracia acostumbrados a ver con relativa frecuencia, desde que las vacas gordas pasaron a mejor vida, cómo se parchea para seguir tirando de mala manera por falta de dinero, condenados por años de despilfarro y de una infrafinanciación que nos castiga año tras año y gobierne quien gobierne.
