En México casi seis de cada diez trabajadores trabaja en el sector informal de la economía, o sea en negro. Eso dice el informe que hace un par de meses hizo público el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de la ONU. El documento (E/C.12/MEX/CO/5-6) recoge las observaciones finales de los últimos informes periódicos sobre los derechos económicos, sociales y culturales en México. Es, por lo tanto, una descripción exhaustiva del panorama con que se va a encontrar el nuevo presidente, Andrés López Obrador. Es la primera vez que la izquierda llega al poder en el gran país centroamericano. México es la segunda economía latinoamericana con ingentes riquezas naturales y Trump de vecino. Con una población próxima a los 130 millones de habitantes, López Obrador ha sido elegido por el 53% de los votantes.

Preocupa al comité que «alrededor del 57% de los trabajadores labora en el sector informal de la economía y, por lo tanto, no están debidamente protegidos por la legislación laboral y el sistema de protección social». El informe a lo largo de una quincena de páginas va señalando los principales motivos de preocupación por la situación en distintos grupos de derechos y realizando recomendaciones al Estado mexicano.

Describe serios problemas de discriminación, de desigualdad entre hombres y mujeres profundamente arraigadas en la sociedad. Peores condiciones laborales de las mujeres y serias dificultades para incorporarse al mundo del trabajo. Preocupan las condiciones de trabajo en el sector agrícola y en el servicio doméstico que siguen siendo precarias; continúan recibiendo bajos salarios, condiciones de trabajo inseguras, insalubres y en riesgo de explotación y abusos. Subraya que el salario mínimo no es suficiente para proporcionar condiciones de vida digna a los trabajadores y sus familias. Los niños menores de 14 años, involucrados en el trabajo infantil y la situación de vulnerabilidad de la infancia y en particular los niños en «situación de calle».

Aunque se ha mejorado la ley en materia sindical, en la práctica se mantienen serias restricciones que afectan a derechos sindicales como el de huelga y negociación colectiva, mientras persisten los actos de violencia cometidos contra dirigentes y líderes sindicales. En materia de violencia es especialmente subrayado el alto número de feminicidios y los altos índices de impunidad, así como la falta de apoyo a los familiares y allegados de las personas desaparecidas. Debido a la violencia generalizada y a los conflictos en algunos territorios hay personas desplazadas dentro del interior de México. Preocupa «seriamente al comité los actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos». Ponen de manifiesto «la falta de protección adecuada contra las personas que denuncian o investigan sobre casos de corrupción» y «por los altos niveles de corrupción e impunidad que existen en el Estado».

Aunque se han adoptado medidas de lucha contra la pobreza extrema y la desigualdad, todavía afecta en proporción significativamente alta a los grupos más desfavorecidos, particularmente a los pueblos indígenas. Hay altos niveles de desnutrición e inseguridad alimentaria de una parte y, por otra, crecientes niveles de sobrepeso y obesidad. Hay un déficit habitacional en particular de viviendas sociales asequibles a los más desfavorecidos y, además, se repiten los desalojos forzosos sin garantías legales. La falta de coordinación efectiva entre los niveles federal, estatal y municipal y la falta de financiación impiden el acceso de agua potable de calidad y saneamientos.

Aunque, según el comité, ha mejorado el marco normativo en materia de salud, hay un número considerable de personas que no tienen acceso a esta y lo mismo en educación: la deficiente y desigual calidad particularmente entre las zonas rurales y urbanas, afectando de manera significativa a la niñez indígena. El acceso es muy limitado a la educación preescolar; hay dificultades todavía para acceder a la educación obligatoria y especial y las medidas adoptadas para proteger la diversidad cultural y uso de lenguas de los pueblos indígenas parecen claramente insuficientes.

Las abusivas condiciones laborales, mantenidas con la violencia y la corrupción que se extiende en los distintos niveles del Estado mexicano, se reflejan en la pobreza y el incremento de los niveles de desigualdad, la discriminación y violencia contra la mujer y la desatención a los niveles básicos de salud y educación. Este es sucintamente la herencia que recibe López Obrador. Poner en marcha las recomendaciones del Consejo es otro cantar, o mejor otra ranchera. ¡Que no le pase nada!