Hay países que, beneficiados por su situación geográfica y los acuerdos de Dublín, tratan de desentenderse egoístamente de quienes llaman desesperados a las puertas de Europa.
Establecen esos acuerdos firmados por los gobiernos de la UE que el primer país al que llegue un solicitante de asilo deberá acogerlo y examinar si tiene o no derecho a protección internacional. Ello significa cargar con esa responsabilidad a los Estados costeros como Grecia, Italia o España, que es por donde entran la mayoría. Algunos gobiernos se aferran egoístamente a las reglas de Dublín y rechazan además cualquier intento de reparto europeo de refugiados, argumentando que no es su problema.
Como ocurre con el húngaro de Viktor Orbán, se niegan a mostrar la mínima solidaridad con sus socios y dicen que ya cumplen defendiendo su parte de frontera exterior de la UE.
Pero los subsaharianos siguen llegando por miles a nuestras costas: huyendo unos de la persecución o de las guerras que desangran aquel continente; tratando otros de salir de la miseria.
Y ahí está precisamente la primera distinción que tratan de hacer nuestros gobiernos: la existente entre quienes, víctimas de la violencia o la discriminación, aspiran al reconocimiento como refugiados y los que llamamos migrantes «económicos».
Sobre los primeros no debería caber ninguna duda: el Derecho Internacional les garantiza el asilo en la UE, y es sobre los segundos donde existen fuertes discrepancias, sobre todo entre gobiernos y organizaciones humanitarias.
Pero el Mediterráneo no hace distinciones y se los traga a todos con la misma indiferencia si no acude a tiempo en su auxilio algún barco de esas ONG a las que tan injustamente se acusa ahora de fomentar así el fenómeno migratorio.
La cuestión que se plantea es cómo compaginar el derecho a unas fronteras exteriores seguras prometidas a los ciudadanos de la UE con la responsabilidad de proteger a los refugiados.
Está la propuesta de crear centros de recepción para quienes llegan irregularmente a Europa, en los que se decidiría con rapidez, a diferencia de lo que ocurre ahora, quiénes tienen o no derecho de asilo. Los primeros serían distribuidos, al menos idealmente, entre los países de la UE mientras que los segundos serían devueltos cuanto antes a sus lugares de origen. ¿Estarían esos centros en territorio de la Unión Europea o seguirán los gobiernos europeos externalizando el problema, pagando por ello a terceros países poco o nada democráticos o incluso Estados fallidos como Libia? ¿Se garantizaría el cumplimiento de los derechos humanos en esos centros o estarían los allí encerrados -además, ¿por cuánto tiempo?- a todo tipo de vejaciones y arbitrariedades?
Para el caso de los migrantes por motivos económicos proponen algunos gobiernos firmar acuerdos con los principales países emisores del África subsahariana: Nigeria, Senegal, entre otros.
Esos acuerdos posibilitarían al mismo tiempo repatriar a los considerados «irregulares» y establecerían al mismo tiempo generosas cuotas de emigración legal y ordenada a Europa para otros. Serían, dicen los proponentes, la única forma de combatir el indecente tráfico de seres humanos y reducir los riesgos que corren ésos en su intento desesperado de llegar a Europa.
Pero en ningún caso se acabará con el problema mientras en tantos países siga habiendo violencia, gobiernos despóticos y explotación inmisericorde de recursos por parte de propios y ajenos.
