Este parece ser el aviso que se lanza desde las administraciones a los gestores de las plantas de tratamiento de residuos municipales en la provincia de Alicante. Es conocido que esas plantas de tratamiento (Elche, Alicante, Xixona, Villena, El Campello) propiedad de los consorcios de los planes zonales son gestionadas en régimen de concesión por unas pocas empresas privadas que gozan de un práctico monopolio en la gestión de los residuos a nivel estatal, excepto la de Villena, que lo es por una empresa pública. No las vamos a nombrar pues sería hacerles propaganda gratuita y están en la mente de todas las personas.

Y que es evidente que esa gestión tiene unos magros resultados, pues la recuperación de materiales ronda el 3-4% en el mejor de los casos y que la mayor parte de los residuos entrantes se depositan en los vertederos anejos (entre el 60-80% de la basura entrante). Apenas se fabrica compost. Esas cifras incumplen el Plan Integral de Residuos (PIRCV 2013) autonómico, de obligada observancia desde 2015. E incumplirán, con toda probabilidad las exigencias europeas de reciclar el 50% de los residuos en 2020.

Esas plantas fueron construidas en algunos casos hace 20 años (Elche, en 1997), otras son más modernas (El Campello, 2009), pero tienen una característica común: en todos los años pasados no se han modernizado ni han recibido inversión de ningún tipo. Y ahora viene lo mejor. Para mejorar esos ínfimos resultados de reciclaje se están negociando modificaciones de los contratos de concesión de servicios, transformándolos en contratos de obras: a cambio de que la concesionaria se haga cargo de esas inversiones se modifican las cláusulas del contrato, incrementando lo que tienen que pagar los consorcios y los ciudadanos en sus tasas de basura. En el caso de Elche la inversión planificada con retraso (el PIRCV es obligado desde 2015) es de 19 millones de euros a cambio de que la contribución de ayuntamientos y vecinos suba en casi un 50%, a partir de 2019. Doble negocio para el concesionario, que continúa con la concesión y recibe ganancias por unas obras millonarias cuya ejecución es suya, que modifican sustancialmente las instalaciones y que casi cuadriplican el canon anual que recibe del Consorcio.

En el proceso se ha evitado la licitación pública de las obras de modernización de las instalaciones, que supondrían un seguro ahorro de costes. No fue el caso de Xixona, donde las cosas se hicieron mejor, pues esas obras se licitaron, aunque solamente se presentó la actual concesionaria. Una muestra más del monopolio existente.

A pesar de que esa modificación del contrato cuenta con el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu, desde Ecologistas en Acción vamos a denunciar a la Comisión Europea las irregularidades de esa modificación del contrato en Elche, pues se estarían incumpliendo de forma flagrante las directivas europeas sobre contratación pública.

Lo peor de todo es que los objetivos de reciclaje que se propone conseguir esa remodelación de la planta en Elche están alejados de los que nos exige Europa en materia de residuos, y en nuestra opinión solo va a servir para mejorar las tasas de reciclaje en unos puntos porcentuales completamente insuficientes. Y para llenar los bolsillos de unas empresas que lo hacen mal y a pesar de todo son recompensadas.

En El Campello se está preparando la misma operación, aunque corregida y aumentada, pues se pretende remodelar la ineficiente planta de tratamiento y gastarse más de 45 millones de euros. O sea, más de lo que costó inicialmente la planta que se inauguró en 2009. El proyecto ya está siendo redactado por los técnicos de la concesionaria. Otro pelotazo en tramitación, con el visto bueno de las administraciones, que miran para otro lado.

(*) Firma también este artículo Adolfo Quiles Gómez, miembro de Ecologistas en Acción.