A nadie se le escapa que el arranque de la cuenta atrás para las elecciones autonómicas y municipales de mayo del próximo año pone a las formaciones políticas en modo precampaña, situación ésta que conlleva diferenciarse nítidamente de aquellos contrincantes que puedan estar batallando por el mismo espacio electoral. Si a esto le añadimos que las distancias son casi invisibles de cara a la opinión pública cuando se comparte equipo de gobierno, la fórmula para distinguirse debe evidenciar fricciones, enfrentamientos, conatos, aunque las dos partes saben, de antemano, que la sangre no llegará al río, o dicho de otro modo, que no habrá ruptura del pacto. Pese a que las tensiones son de manual, lo que ha sorprendido en este caso, en el choque entre los socialistas y sus socios de Compromís en la Generalitat, es que se haya buscado no la vía política, sino la legal, con alegaciones incluidas. Alegaciones que han sido rechazadas por Presidencia, pero evidentemente lo que está en juego, en este caso, es un plan de subvenciones de millones de euros y, sobre todo, poner el foco del conflicto en una agencia como la de la Innovación, creación de Ximo Puig, y que desde el minuto 1 ha sido vista por las huestes de Mónica Oltra como rival directo del Instituto Valenciano de Competitividad. Y por si todo esto no fuera poco, el conflicto estalla días después de que el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, criticara con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez por no poner en marcha en la presente legislatura la reforma de la financiación autonómica que con tanto denuedo han venido reivindicando no sólo Compromís, sino los mismos socialistas, aunque una cosa es predicar y otra muy diferente dar trigo. Pero en el manual que recoge las disputas cabe todo esto y más.
