Por si no tuviéramos suficiente con el espectáculo que estamos viviendo a lo largo de este tortuoso mandato municipal en el Ayuntamiento de Alicante, también algunos asesores adscritos a los grupos políticos no paran de provocar polémicas. La última de ellas ha venido de la mano de un asesor adscrito al grupo municipal del PP, inmediatamente cesado por el alcalde, Luis Barcala, al hacerse público por este diario diferentes anomalías, que llegaron hasta trabajar codo con codo con la concejala tránsfuga, Nerea Belmonte, cuyo caprichoso comportamiento facilitó la llegada del Partido Popular a la Alcaldía de Alicante, a pesar de que esta edil procede de Podemos y fue concejala gracias a Guanyar Alacant. En una ciudad cuyo Ayuntamiento se ha convertido en una verbena, este episodio es un sainete más, de los muchos a los que lamentablemente estamos asistiendo, que demuestra la degradación política y moral a la que se ha sometido la vida municipal. Y como no podía ser menos, nuevamente el controvertido caso acaba ante fiscalía, en medio de un cruce de acusaciones y sospechas que añaden más estiércol al barrizal local.

Tras la dictadura, la nueva configuración democrática de nuestro país otorgó una serie de privilegios a los partidos políticos con la finalidad de reforzar su trabajo y afianzar el nuevo régimen de libertades que se quería construir. El sistema electoral, las subvenciones a los grupos políticos, junto a su capacidad para nombrar directamente y a dedo a personal de confianza en las distintas administraciones e instituciones fueron algunos de estos privilegios, de manera que, con los años, los asesores políticos elegidos y nombrados directamente por el grupo para el que trabajarán se han convertido en una pieza más de la política española de la que se benefician todos los partidos políticos en todas las instituciones. Mientras que en otros países europeos los cargos públicos eligen y se rodean de aquellos funcionarios cualificados que cada gobernante considera que les darán un mejor asesoramiento, en España los asesores vienen configurando un paisaje repleto de luces y sombras, en el que junto a personas cualificadas, valiosas y formadas, que las hay, se amontonan un universo de amigos, familiares, pelotas, aduladores, militantes sin oficio ni beneficio y oportunistas de aluvión que han visto en el puesto de asesor, nombrado a dedo, la ocasión para acceder a un sueldo imposible de obtener con sus magras cualidades en el mercado de trabajo.

Así las cosas, en el paisaje de los asesores que puebla este país nos hemos acostumbrado a ver a personas con perfiles tan diversos como contrapuestos, gente respetuosa y cualificada, que trabaja responsablemente para la institución que paga su sueldo, junto a otras muchas que no pegan ni huevo, conmilitones al servicio del político que les contrató, auténticos perros de presa, especialistas en insultar y descalificar, personas sin estudios ni trayectoria profesional y hasta militantes o amigos del político de turno a los que se les recompensa con un sueldo público sin ir a trabajar.

Y por si fuera poco, incluso vemos que algunos de ellos contribuyen con sus maneras groseras, su falta de respeto y sus injustificables cometidos a generar polémicas y controversias, como hemos visto en estos últimos tres años en Alicante. En cambio, hay otros asesores amables y educados a los que nunca se ha escuchado o leído una mala palabra contra nadie. Sin embargo, el PSOE ha tenido un asesor de Alcaldía conocido públicamente por los insultos que protagonizó en las redes sociales y la presunta utilización de cuentas falsas con esa finalidad, por no hablar de la asesora más afín al portavoz de Guanyar, quien amparada por su puesto político no ha dejado de descalificar con barbaridades a quien le ha parecido, incluso a personas de su propio grupo municipal, además de alguna que otra asesora tan maleducada como ineficaz. Por ello mismo, el polémico y fulminante cese del asesor del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento ha evidenciado la necesidad de que los grupos políticos de la ciudad actúen con mayor responsabilidad también en la selección, contratación y desempeño de sus asesores, que no olvidemos son pagados con recursos públicos y acceden a su trabajo por una vía excepcional.

Mientras tanto, bien haría el PP en responder a algunas preguntas que muchos se hacen sobre su asesor cesado: ¿Por qué en la Concejalía de Infraestructuras en la que estaba adscrito nadie le pone cara? ¿Por qué acompañó abiertamente a Nerea Belmonte desde su contratación? ¿Por qué se le fichó como asesor el día siguiente de acudir con Nerea Belmonte a una reunión en Cruz Roja? ¿A quién informaba y daba cuenta de su trabajo y qué información dispone el alcalde de su labor? ¿Cómo se da el cargo de asesor con dedicación completa a alguien carente de estudios universitarios y trayectoria profesional? ¿Por qué se da una de las dos únicas dedicaciones completas de asesor del grupo municipal del PP a alguien que colaboró poco antes con Ciudadanos y que tiene una estrecha vinculación con una concejala tránsfuga? Y, por último, ¿quién y con qué méritos propuso la contratación de esta persona al servicio del PP? Son dudas razonables que, por ahora, no tienen respuesta.