Los servicios de transporte regular de viajeros normalmente son gestionados mediante concesiones, cuyo origen se sitúa en la segunda década del siglo pasado, con un devenir histórico que viene del Real Decreto de 4 de julio, en la Dictadura de Primo de Rivera (1924), pasando por la Ley de Bases de 1941, las Leyes de Ordenación y Coordinación de los Transportes mecánicos por carretera de 1947 -y sus respectivos Reglamentos de 1949- , la "reciente" Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 30 de julio de 1987 (LOTT) y su Reglamento de 28 de septiembre de 1990. La LOTT y su legislación derivada marcan los plazos máximos de las concesiones, de forma tal que la caducidad de las mismas en la provincia de Alicante empieza a producirse a partir del 2012.
En su momento la Generalitat Valenciana había publicado el "Decreto 24/2010, de 29 de enero, del Consell", para prorrogar una vez más las concesiones, pero esta norma fue recurrida por la Comisión Nacional de la Competencia, fallando a su favor el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en Sentencia 568/2012. Después de varios litigios, la "Sentencia del Tribunal Supremo de 14 marzo 2016", da la razón a la Comisión Nacional de la Competencia y obliga a la Consellería a licitar los servicios de transporte regular de viajeros en autobús.
Con estos antecedentes, la Consellería ha encargado a una consultora la realización de los estudios de "Elaboración de las propuestas de reestructuración, racionalización y modernización de las concesiones de servicio público de transporte de viajeros por carretera de la provincia de Alicante y Área Metropolitana de Alicante", cuyos resultados se han sacado a exposición pública con la presentación de los respectivos Proyectos de Servicio Público de Transporte de Viajeros por Carretera, como medida previa a la licitación de los mismos; estas propuestas de nuevas concesiones se hacen en los términos previstos por el Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, que limitan el plazo concesional a un periodo máximo de 10 años y que obligan a que la concesión se adjudique mediante un concurso público abierto a la generalidad de los transportistas.
Entre los Proyectos publicados está el que se refiere a la Marina Baixa (CV-206: Benidorm Metropolitana) en el de manera inicial se despachan con que: «El sistema vigente obedece a un modelo obsoleto, diseñado sobre otros criterios y necesidades, que evidencia carencias y disfuncionalidades, generando sobrecostes y empeorando la calidad del servicio prestado al usuario». Es de suponer que los autores de esta afirmación no han tenido en cuenta que, otras personas, iban a leer el Proyecto de Servicio Público de Transporte de Viajeros por Carretera, que proponen para la nueva concesión "CV-206: Benidorm Metropolitana" (162 páginas) porque lo que presentan se trata, si atendemos a sus propias palabras, de un "modelo obsoleto ampliado".
La ampliación consiste en la incorporación de los tráficos del resto de los Municipios de La Marina Baixa, así como la propuesta de nuevas líneas en el término municipal de Benidorm, lo que hace que el "modelo obsoleto -según los redactores- sea aún más grande".
Los redactores, además, proponen la «segregación de líneas íntegramente urbanas en títulos competencia de la Generalitat Valenciana», lo que significaría la pérdida de competencias sobre su transporte urbano por parte del Ayuntamiento de Benidorm, herramienta imprescindible para el desarrollo de su PMUS.
Si nos atenemos a la normativa vigente, la segregación de líneas urbanas no es posible sin la autorización expresa del Ayuntamiento de Benidorm, que, al tener una población superior a los 50.000 habitantes, además de ser competente en materia de transporte dentro de su término municipal (Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana), tiene la obligación de prestar el servicio urbano según la "Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local".
El mismo Proyecto considera que la explotación del servicio es autosuficiente, desde el punto de vista económico, no considerando ningún tipo de subvención por parte de la Generalitat, hecho que si ocurre en el resto de los Proyectos que se han presentado para otras zonas de la provincia de Alicante.
En consecuencia, parecen un dislate las propuestas realizadas por la Generalitat Valenciana referidas al nuevo sistema de transporte regular de viajeros de la Marina Baixa, que empiezan por criticar el modelo actual -por obsoleto- para luego aceptarlo y ampliarlo, que "expropian" al Ayuntamiento de Benidorm en sus competencias en la materia de transporte urbano, que no consideren ningún tipo de subvención y que todo parece indicar que han construido un "modelo nuevo de transporte" sin ningún estudio previo de movilidad.
