15 de junio de 2018
15.06.2018
El ojo crítico

Apuntes políticos

15.06.2018 | 00:20

Ejemplo para Europa. La decisión de Pedro Sánchez ordenando acoger el buque «Aquarius» con 629 inmigrantes a bordo en el puerto de València ha convertido a España en el centro europeo de la decencia y de la dignidad. Saber que hay más de seiscientas personas -incluyendo casi un centenar de niños- en un barco a la deriva y no mover un dedo para ayudarles nos hubiera retrotraído a lo peor de nuestra historia. Al mismo tiempo, en esta decisión, reside lo mejor del ser humano. Se ha comparado este caso con el «Stanbrook», buque que en el año 1939 consiguió salir del puerto de Alicante con tres mil refugiados republicanos que huían de la represión franquista. Qué dos finales tan distintos. Los primeros podrán rehacer sus vidas en un país democrático que velará por sus derechos y por su dignidad. Podrán tener un futuro. Los segundos fueron tratados como parias en un mundo salvaje, al borde del desastre de la II Guerra Mundial y con un futuro inimaginable. La mayor parte de ellos nunca regresó a España.


Y ellos se juntan

La Audiencia Provincial de València ha rechazado el recurso presentado por la defensa de Eduardo Zaplana por el que se solicitaba sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario. Dos cosas al respecto. La primera, que Eduardo Zaplana está en la cárcel porque no ha querido colaborar con la Justicia. Esperar a que se levante el secreto de sumario para saber qué tiene acreditado el juzgado que le investiga y en función de eso elaborar una estrategia de defensa tiene sus riesgos; la segunda, que ha llamado la atención el nombre de su abogado defensor: Santiago Milans del Bosh y Jordán de Urries. Y no sólo porque es uno de los nombres más largos que he leído nunca (resulta hasta cómico), sino, sobre todo, porque este letrado estuvo involucrado junto a su hermano Alfonso Milans del Bosch y tres personas más de las juventudes ultraderechistas en el ataque a un bar de Valladolid en 1981 armados con una pistola, una barra de hierro y un cóctel molotov con el resultado de un herido grave por dos balazos y la secuela de una discapacidad en una de sus piernas, atentado por el que fue juzgado por la Audiencia Nacional siendo absuelto por falta de pruebas.


Efímero ministro

Màxim Huerta tuvo que dimitir. Aunque la utilización de sociedades como medio para pagar menos impuestos para profesionales autónomos se puso de moda hace quince años, cuando hasta un ministro del segundo Gobierno de José María Aznar dijo que el que no se convertía en sociedad limitada era poco menos que tonto, en realidad, nunca estuvo permitido. Un autónomo y una sociedad limitada son dos cosas distintas. A medida que Hacienda fue investigando todas las sociedades creadas por personas individuales los responsables comenzaron a recibir una de esas cartas tan temidas por todos. Lo que se ha intentado durante años es hacer pasar por legal una ilegalidad. Si comparásemos el fraude con las escaleras del Instituto Jorge Juan de Alicante, en el primer escalón estarían situadas las sociedades para desgravar todo lo posible como hizo Màxim Huerta. Por en medio estaría Iñaki Urdangarin y en los últimos escalones estarían los responsables de Gürtel, los papeles de Panamá, los antiguos gestores de la CAM o el expresidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. En cualquier caso al exministro de Cultura le honra la rapidez de su dimisión. Quizá le faltó disculparse de una manera clara toda vez que hace tiempo pagó lo que debía.


Fin de viaje para Urdangarin

Ha vuelto a ocurrir. El empecinamiento de algunos por no querer asumir lo obvio alarga un destino inevitable. Si Iñaki Urdangarin hubiese admitido desde el principio lo evidente, es decir, que creó una sociedad supuestamente sin ánimo de lucro para vender humo a políticos responsables de ingentes cantidades de dinero y muchos deseos de salir en fotografías junto a la Familia Real, desviando después el dinero de esa sociedad a uso personal, quién sabe si todo hubiese sido distinto. De momento se habría ahorrado un largo calvario personal y judicial así como todas esas explicaciones que daban un poco de vergüenza ajena escucharlas. Cumplirá su pena y volverá a su vida pero a España, al menos por una larga temporada, no podrá volver. Cuestión distinta es el rencor hacia los españoles que con toda seguridad nacerá en el seno de esta familia.


Más Gürtel

Otra nueva sentencia sobre corrupción que el Partido Popular tiene que encajar. Los responsables de la trama económica de Gürtel no mataron a Manolete pero a juzgar por la cantidad de años que van sumando debieron estar cerca de hacerlo. Llama la atención que el único responsable del Partido Popular que ha colaborado con la justicia, Ricardo Costa, haya sido condenado al mayor número de años: cuatro años de prisión. Tiene su lógica. Él estaba en la cúspide y aunque se limitaba a llevar a la práctica lo que le decía el triunvirato popular formado por Camps, Cotino y Rambla, Costa era el que lo ejecutaba. Es el único que ha pedido perdón.

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