13 de junio de 2018
13.06.2018
Tribuna

Una intervención de cuentas intervenida

12.06.2018 | 23:31

La Intervención Municipal es una plaza de funcionario/a con habilitación nacional que tiene como misión principal, en los ayuntamientos, garantizar y fiscalizar la gestión económica de los mismos. Dicha habilitación supone una mayor garantía de inamovilidad de su puesto de trabajo ante situaciones que se han dado, y se dan, en muchas corporaciones, en cuanto a posibles presiones por parte de determinados equipos de gobierno, ante decisiones problemáticas o, incluso, claramente irregulares.

Evidentemente, la habilitación nacional de estos funcionarios y su permanencia en el puesto no siempre garantiza la eficacia en su trabajo. Ni en estos casos ni en ninguno. Lo que sí garantiza es que el mismo no depende del libre albedrío del alcalde de turno, que no es poco. Téngase en cuenta que, cuando los equipos de gobierno tienen mayoría absoluta en los ayuntamientos, la posibilidad de fiscalización de la oposición en los plenos es bastante reducida, máxime en las grandes poblaciones. Los secretarios, interventores y, en menor medida, los depositarios constituyen la primera trinchera de control, a través de sus informes, en cuanto a que las propuestas presentadas se ajustan o no a la legalidad normativa y financiera.

Si estos informes son negativos, ponen reparos o, claramente, advierten de la ilegalidad de los acuerdos, no solamente permiten mayor posibilidad de control a la oposición, sino que pueden suponer un problema importante al que no los tenga en cuenta, si el tema se judicializa, de cara a investigaciones por malas prácticas, como se está viendo en recientes casos judiciales.

De ahí la importancia de estos puestos de trabajo. Se supone que, por sus características propias, la presión que sobre ellos se puede ejercer no es la misma que sobre un funcionario del propio Ayuntamiento. Si alguno de éstos, por cualquier razón, está ocupando accidentalmente estas plazas, lo está haciendo de forma provisional y permitido por el mismo alcalde que lo nombra y que lo puede cambiar en cualquier momento. Es una discrecionalidad peligrosa en puestos tan importantes. Es verdad que si el Ayuntamiento actúa correctamente, como muchos lo hacen, la situación no debe afectar a su funcionamiento.

Lo que ya no parece tan normal es que puestos de este nivel permanezcan vacantes y ocupados, de forma provisional, durante años. Que lo hagan durante algún tiempo por determinadas razones puede ser aceptable, pero que lo hagan durante 25 años es casi de récord. Y así lo ha denunciado la Sindicatura de Cuentas en el Ayuntamiento de Elche. En este tiempo han pasado por él varios funcionarios municipales que han intentado aportar lo mejor, pero ello no es óbice para reconocer que no es la imagen ideal de un Ayuntamiento como el nuestro.

Alegar que nadie se ha presentado en el correspondiente concurso, porque las retribuciones ofrecidas son bajas, es una excusa de doble filo. A ver si son bajas para que nadie se presente. Y lo que, ahora, se dice ante la denuncia de la Sindicatura, de que falta un año para las elecciones, es verdad. Hace tres, cuando entraron, faltaban cuatro. Ni antes ni ahora parece que hay voluntad de cubrir correctamente dicha plaza.

Sería importante resolver esta cuestión. La transparencia en la gestión y el rigor presupuestario es mejor que estén consolidados y no de forma accidental. Desde Ágora d'Elx hemos reclamado, en los dos últimos presupuestos municipales, que esta plaza se cubriera, siendo rechazada nuestra propuesta. Ahora, la Sindicatura de Cuentas también reclama que la plaza de Intervención deje de estar intervenida por la Alcaldía y sea cubierta correctamente, cosa que apoyamos, porque reforzaría a nuestro Ayuntamiento.

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