Con la sentencia en la mano, ¿alguien se cree que Camps no fuera la piedra angular del entramado del PP valenciano en la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2008, cuando la plana mayor del partido que él dirigía ha sido condenada? Otra cosa bien diferente es que los delitos, a la hora de enjuiciarlos, hayan prescrito para el que fuera máximo responsable de los populares valencianos durante ese periodo. O que las pruebas inculpatorias no se hayan acreditado fehacientemente, pese a las imputaciones en la vista oral de algunos de los acusados. Al menos en esta pieza, Camps queda exculpado, aunque mantiene causas abiertas que sí podrían originarle todavía reprobación penal, pero de lo que no cabe ninguna duda es que políticamente la responsabilidad que se deriva de la contundente sentencia le afecta directamente a él y, sobre todo, una vez que el enjuiciado por el caso de los trajes ha dejado la política, a la marca del PP. Esa losa de la financiación ilegal de los populares de la Comunidad, sentenciada en el fallo judicial, va a suponer que el estigma de dopaje electoral marque el año de por medio que falta para alcanzar la próxima cita con las urnas allá por mayo de 2019. Quizá en los comicios municipales el marchamo del candidato, el carisma del cabeza de cartel o la movilización de los integrantes de las candidaturas puedan paliar algo el impacto, pero en la lucha por recuperar el Palau de la Generalitat, esa sucesión de sentencias, más las que puedan llegar hasta entonces, deja a día de hoy noqueados a los populares. Mucho tendrán que cambiar las cosas para que las aspiraciones del centro derecha, o sea, la suma de PP más Ciudadanos, fijadas en derrotar al Botànic alcance para algo más de una dulce derrota a tenor de todo lo que los populares vienen soportando.
