Las palabras atraen, pero son los hechos los que enamoran. Una de las razones del profundo distanciamiento entre la sociedad y los políticos se debe al continuado y deliberado engaño que han venido haciendo de sus promesas electorales, así como sobre sus compromisos políticos, convertidos en palabrería hueca cuando han gobernado al hacer justamente lo contrario de lo que prometían. Y es algo de lo que nadie se libra, a un lado y a otro del espectro político. Bien es cierto que todo ello resulta más doloroso cuando se ha utilizado a los más débiles, a quienes más sufren y con mayor dolor viven el impacto de la pobreza y la exclusión.

Voy a detenerme en uno de esos casos, vivido en Alicante, particularmente desolador al certificar el uso demagógico que en algunos casos se ha venido haciendo de la pobreza, actuando con particular desprecio hacia personas en situación de desprotección extrema. Para colmo, los hechos fueron protagonizados por concejales de Guanyar Alacant cuando estaban en el gobierno municipal, una fuerza política que se decía renovadora, repitiendo una y otra vez que su prioridad era trabajar para «erradicar» la pobreza en Alicante, «atendiendo la emergencia social y a quienes la sufren». Palabras hermosas, pero veamos los hechos.

En el mes de agosto del pasado año, este diario informó de que la Concejalía de Protección Animal, dirigida entonces por la edil de Guanyar Marisol Moreno, difundió a los cuatro vientos, con notas de prensa y amplias declaraciones, que se había impuesto la mayor sanción de la historia, por importe de 6.611 euros, a una persona acusada de maltratar a su perro y no tenerlo vacunado. Incluso la concejala presumió en su momento de la ejemplaridad de la multa, detallando las medidas de protección que se habían desplegado sobre el animal, que fue atendido en las instalaciones de la protectora, donde se le dieron numerosos cuidados. Sin embargo, la información de esta concejala omitía deliberadamente un dato fundamental que ponía en entredicho, negro sobre blanco, la actuación de la que tanto presumía Moreno.

La persona a la que se había impuesto la mayor multa en la historia de Alicante de esta naturaleza y retirado su animal era un transeúnte sin hogar que vivía en las calles de la ciudad, a quien tras ponerle tan abultada sanción y retirársele su animal de compañía se le dejó de nuevo en la calle, sin intervención alguna. De esta forma, no solo se imponía una multa gigantesca a quien nunca podría pagarla (los mismos que se quejan de las multas por la Ley Mordaza), sino que se le retiraba su única compañía, el perro, sobre quien se despliega todo un dispositivo de atenciones y cuidados, mientras que a la persona protagonista se la deja tirada en la calle. Los documentos de la actuación reconocen que el protagonista de la sanción era un ciudadano alemán sobre el que se aplica la legislación comunitaria recíproca en materia de servicios sociales, al tiempo que se reconoce expresamente que esta persona «pernoctaba en la vía pública junto a su animal», a pesar de lo cual, se le dejó abandonado sin apoyo social alguno. Extraña manera tiene Guanyar de «erradicar» la pobreza y priorizar la emergencia social en nuestra ciudad, como pregonan.

La caprichosa crueldad que demostraba esta actuación por la concejala de Guanyar Marisol Moreno, y la ausencia de intervención social alguna por su compañera, Julia Angulo, que entonces ocupaba la Concejalía de Acción Social, me llevó a presentar una queja ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, que fue admitida de inmediato, iniciándose las gestiones ante el Ayuntamiento para la confirmación de hechos. Hay que destacar que mostrando un cierto desprecio hacia la institución, la Sindicatura tuvo que dirigirse en varias ocasiones a las concejalías requeridas al no contestar a los escritos que se enviaron. Finalmente, tras varios requerimientos por escrito del Síndic al Ayuntamiento de Alicante, ambas concejalías contestaron de manera tan elocuente como llamativa. Desde la concejalía de Julia Angulo se respondió con desgana y muy pocas palabras, llamando al transeúnte objeto de la sanción «el citado» y reconociéndose que no se había realizado intervención social alguna. Por parte de la concejala Moreno, en un largo escrito, justificaba la actuación con argumentos llamativos (y algunos falsos), al tiempo que se reconocía que el transeúnte se había dirigido por escrito a esa concejalía pidiendo, por favor, que le devolvieran el perro como única compañía que tenía, siendo rechazada su petición porque no podía pagar los gastos de vacunación y atención, una respuesta particularmente cruel para cualquiera que conozca el valor emocional que da la compañía de un perro.

El Síndic de Greuges acaba de dirigir al alcalde la resolución final de mi queja, reconociendo los hechos que comuniqué en su día al evidenciar la ausencia de actuación social sobre la persona sancionada por parte del Ayuntamiento, a quien se le dejó abandonado en la calle tras retirársele el perro y ser sancionado con 6.611 euros, sugiriendo al Ayuntamiento que «adopte las medidas necesarias para evitar que se repitan actuaciones similares a las descritas y garantice la atención a las personas en situación de vulnerabilidad social, especialmente a las personas sin hogar». Lo dicho, hechos.