Hace unas semanas se publicaba en un diario de alcance nacional un estudio sobre los males crónicos que propician la economía sumergida en España: tasas de paro de larga duración, rentas bajas y desconfianza en las instituciones citaba este informe como ingredientes básicos del empleo no declarado. Indicaba que la Comisión Europea no se cree la tasa de paro estructural que en España ronda el 16%, por eso se pregunta de qué viven esos parados de larga y muy larga duración; la economía sumergida, difícil de cifrar pero palpable para todos, se intuye como respuesta. Parece ser que en los países con altas tasas de desempleo, como España y Grecia, el paro es una variable relevante para la estimación de la economía sumergida. España duplica la tasa de paro de la zona euro. En el mencionado estudio se estimaba que la economía sumergida en España supone entre el 15 y el 25% del PIB, aunque probablemente la cifra esté instalada en la parte alta de esa horquilla.

En Elche, por petición de la Mesa sobre le Economía Sumergida que nuestro Ayuntamiento creó hace casi dos años, principalmente por la presión ejercida desde nuestra asociación, la Universidad Miguel Hernández ha realizado un estudio sobre la economía sumergida en nuestro municipio, que se ha hecho público también hace unas semanas. Este estudio viene a determinar la percepción de la ciudadanía ilicitana sobre el fraude fiscal y la economía sumergida en general, pero también para conocer el grado de tolerancia sobre estas actividades y estimar la magnitud del problema.

Nos llama la atención que, según el citado estudio, «el 78% de los ilicitanos se consideran responsables en el pago de sus impuestos y que, por contraposición, el 90% opina que las prácticas de economía sumergida en Elche son frecuentes o muy frecuentes, lo que deja a la luz una percepción de que no se ve la economía sumergida como fraude fiscal».

Se destaca en el estudio que «el 82,4% de los encuestados creen que los ilicitanos toleran y viven con normalidad la existencia de la economía sumergida». Al preguntarles a estos encuestados por su entorno personal, «éstos contestaron que el 33% de los trabajadores por cuenta ajena lo hacen sin contrato ni Seguridad Social, el 24% de los trabajadores por cuenta propia no cotizaban a la Seguridad Social, y que el 27% de los empresarios contratan trabajadores en condiciones irregulares».

Concluye el estudio con «la percepción de que Elche vive el fenómeno social ligado a la existencia de la economía sumergida como algo arraigado y normal».

Volviendo a la variable de las altas tasas de desempleo que las autoridades europeas consideran para la estimación de la economía sumergida. Si estas autoridades europeas no se creen la tasa estructural de paro en España que ronda el 16%, cómo se va a creer la tasa de paro de Elche que en febrero de 2018 (ya con la recuperación económica) es del 24,56% y que en el año 2007 (pleno «boom» de la economía) era del 20,23%.

Las consecuencias de le economía sumergida derivan, además de en una gran precariedad laboral con bajos sueldos, en una importante disminución de servicios públicos esenciales como educación y sanidad, pero también pone en peligro el futuro de las pensiones. Sin olvidar, en este sentido, que, en nuestra ciudad, la pensión media oscila entre los 600 y 800 euros al mes, muy inferior a la media estatal de 923 euros, motivada por la falta de cotizaciones que mayormente están relacionadas con la repetida economía sumergida.

Además de incrementar los recursos destinados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en nuestro país y en nuestra ciudad necesitamos un cambio de mentalidad. Si queremos tener un estado del bienestar como el de los países avanzados, debemos entender como normal estar trabajando dado de alta, pagar el IVA en todos las compras que realicemos y declarar todo aquello que fiscalmente corresponde, de lo contrario, de seguir así, dentro de pocos años no sólo no habrá pensiones, también tendremos que pagar la educación y la sanidad, lo que seguramente muchos ciudadanos no podrán hacer.

(*) Firman también la tribuna Antonio Jiménez, Marisa Aguirre, José Quirante y Pablo Fernández, del grupo de Economía de Àgora d´Elx.