«Haga como el sol, pase el invierno en Alicante... pero ojito con meter un pie en el agua hasta junio, que es cuando oficialmente comienza la campaña de baños». La primera parte del mensaje la leí por primera vez en un eslogan de Correos en sus sellos hace ya unos 25 años. La segunda es del que esto escribe, que no entiende que un año más, a las puertas del verano y desde hace semanas viendo las playas de la Costa Blanca repletas de bañistas, que para eso disfrutamos de 3.000 horas de sol al año, volvamos a estar metidos, no ya en una guerra de banderas, sino en un laberinto con el tema de los servicios de Salvamento y Socorrismo. Al margen de la polémica de las medusas carabela (que pregunten los que todavía dudan de su presencia a los padres del niño que tuvo que estar cinco horas en observación en un hospital de Elche tras una picadura), lo que resulta surrealista es que los ayuntamientos costeros sigan tomándose al pie de la letra aquello de que la temporada de baños comienza en junio y acaba en septiembre (en el Cantábrico aún), en un Mediterráneo que invita al baño entre mayo y hasta bien entrado octubre, y para ello no hay que haber nacido en Bilbao. El espectáculo que hemos visto este pasado fin de semana en muchas playas ha sido de ópera bufa, sobre todo en el caso de las playas del municipio de Alicante. Cierto que el actual equipo de gobierno lleva un mes, cierto que han decidido adelantar unas semanas el servicio diario de socorristas y a partir del 1 de junio la presencia de los vigilantes de la playa será diaria, pero no es menos cierto que en Alicante, ciudad que tiene la dicha de contar con dos playas eminentemente urbanas como son El Postiguet y la Albufereta, el sistema de vigilancia necesita que se le de la vuelta como a un calcetín. Contemplar como se contempló el fin de semana que unas playas no tenían vigilancia y otras sí, o que en la Playa de San Juan -repleta- en una zona sí la había y en otra no por aquello del pliego y de los dineros es, sencillamente, impresentable. Máxime cuando en Alicante no hay alcalde o concejal que se precie, desde los tiempos, de la España en blanco y negro, que no asegure que gobierna un municipio turístico. No hay manual que defina qué es un «municipio turístico», pero sí lo habría seguro que entre las cinco máximas estaría lo de la vigilancia de la playas. Y el ejemplo de Alicante se puede extender, salvo Benidorm -también con asignaturas pendientes como el no contar con baños públicos-, a todos los ayuntamientos litorales de una provincia donde el turismo representa el 15% del PIB, por si alguno no se ha enterado, y el sol y la playa son su principal patrimonio. Y si la burocracia ralentiza actuaciones pues se recurre a la Policía Local.
