En teoría esta semana se ha dado un paso hacia la normalización política. El próximo lunes -si las CUP no lo impiden votando en contra- el Parlamento de Cataluña elegirá con los votos de JxC y ERC y en segunda votación (66 a 65 y 4 abstenciones) presidente de la Generalitat al editor y activista nacionalista Quim Torra. Finalizará así la excepcionalidad del artículo 155, Cataluña recobrará el autogobierno y los presupuestos del 2018 quedarán definitivamente blindados. Formalmente todo estará mejor.

Si a ello le unimos la admisión oficial por parte de ETA de su derrota, que ya era un hecho desde que en el 2011 renunció al uso de la violencia, cualquier gobierno español debería respirar satisfecho. Rajoy -cercado por múltiples problemas- ha tenido en los últimos quince días dos noticias prometedoras: la próxima aprobación de los presupuestos que le garantizan poder gobernar hasta el 2020 y el fin de la excepcionalidad en Cataluña.

Sin embargo, la inquietud seguirá dominando porque los problemas no han desaparecido. ¿Son más relevantes los inconvenientes que las ventajas? No, pero tampoco hay duda que el escenario que se dibuja no estará exento de serios conflictos. Puigdemont ha ganado la batalla interna del independentismo y ha impuesto como candidato a presidir la Generalitat a un hombre de su total confianza, diputado de JxC pero sin adscripción partidaria. Se garantiza así -al menos por el momento- continuar dirigiendo la acción política de la Generalitat. Quim Torra quizás no sea un títere, pero su única fuente de poder es el favor presidencial. Tampoco tiene detrás experiencia política. Su carrera es la de un activista cultural independentista. Y su pasado, como encargado de los actos del bicentenario de 1714, nombrado por el Ayuntamiento de Barcelona del convergente Xavier Trias, es de gran radicalidad separatista. Los tuits, aunque ahora se disculpe a medias, están ahí. Es pues, para la España constitucional, el candidato más provocador -sin causa judicial- que se podía elegir.

Torra seguirá la estrategia de Puigdemont de utilizar las instituciones para intentar erosionar el poder del Estado y el prestigio de España. Pero, ¿hasta dónde podrá llegar? Un gobierno no puede vivir instalado en la protesta, necesita tomar decisiones y gobernar. Y será un gobierno pactado en el que al menos la mitad de sus consellers -los de ERC- no estarán sólo por la confrontación. Empezando por el que será vicepresidente, Pere Aragonés, ERC cree que el secesionismo con el 47,5% de los votos no tiene respaldo suficiente para una vía unilateral y que sólo aumentará los apoyos con una correcta gobernación. Además, en una clara muestra de querer afirmar perfil propio, el jueves -antes de que Puigdemont anunciara el nombre de Torra- el diputado Joan Tardá ya facilitó el de dos de los miembros de ERC del nuevo gobierno.

Puigdemont apuesta por la radicalidad, pero sigue pasando por el aro constitucional. Fue a las elecciones convocadas por el 155 y ahora propone un presidente sin causas judiciales. Para Rajoy, Quim Torra es un problema. Pero peor hubieran sido dos meses más de inestabilidad total con una campaña electoral crispada y un resultado imprevisible pero que alguna encuesta -la del CEO de la Generalitat intervenida del viernes- indica que habría confirmado no sólo la mayoría independentista sino también un fuerte avance de las CUP.

El otro problema para Rajoy es que el bloque de centroderecha, formado por PP y Cs, está agrietado. Rivera votará los presupuestos porque ni el electorado del PP al que quiere seducir, ni el mundo económico, ni los líderes a los que se quiere aproximar para las elecciones europeas del 2019 ( Macron en primer lugar) entenderían lo contrario. Pero falta sólo un año para esas elecciones -y las municipales y autonómicas- y Rivera necesita singularizarse para obtener un resultado que le permita ser -como dicen muchas encuestas- el ganador en las legislativas del 2020.

Pero lo discutible de la estrategia de Rivera -y lo más peligroso para Rajoy- es que parece decidido a marcar las diferencias con el PP (y el PSOE) exigiendo un trato más severo al independentismo catalán. Lo ha hecho esta semana acusando a Rajoy de laxitud ante el separatismo y abogando por que el 155 no se acabe hasta que el nuevo gobierno catalán no respete la Constitución. Esta última exigencia contradice lo aprobado por el Senado (con el respaldo del PP, Cs y el PSOE) y plantea un serio problema. ¿Puede estar el 155 en vigor indefinidamente?