Si no me traiciona la memoria fue el gobierno del PP quien insinuaba, hace ya cinco años, que con un Defensor del Pueblo a nivel nacional teníamos más que suficiente. La idea la gestaron en la Villa y Corte, cuando se afanaban por ahorrar en minucias. Poco importaba que la oficina de nuestro «ombudsman», el Síndic de Greuges, destacara por ser la que más quejas tramitaba en todo el país. Trabajo no les faltaba -ni mucho menos ahora- y quizás sea éste el principal problema de este verso suelto de la política autonómica. A pocos políticos debe agradar este Pepito Grillo, encargado de defender nuestros derechos ante las administraciones públicas valencianas.
En esta ocasión, la bronca se ha montado cuando el Síndic titular, José Cholbi, y sus dos adjuntos, Ángel Luna y Carlos Morenilla, han tenido el valor de poner en entredicho la política social de la Generalitat Valenciana. Esta semana, Luna presentaba en Les Corts la última memoria anual que constituye un varapalo sin precedentes a esa Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que tiene más de nombre que de realidad. Ojo, que la crítica no se centra esencialmente en valorar si las cosas se hacen mejor o peor, en el negociado que dirige Mónica Oltra. Cierto es que no salen bien parados pero, en honor a la verdad, los populares dejaron los servicios sociales más secos que la mojama. Ahora bien, ya han transcurrido tres añitos desde la foto del bucólico Acord del Botànic y, a pesar de tanta lírica, seguimos rozando una tasa de pobreza del 30% mientras soportamos la peor red de servicios sociales del país, según nos recuerdan desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Por más que el discurso oficialista ofrezca otra visión bien distinta, la realidad no ha variado sustancialmente. Ahí están los datos.
De manera más o menos explícita, el Síndic de Greuges reclama respeto para quienes representa, que no son otros que los propios ciudadanos y las Cortes Valencianas. Aunque la lideresa de Compromís hace oídos sordos a sus recomendaciones, la Sindicatura insiste en solicitar contestación a las quejas de quienes han solicitado su mediación. Nada menos que 228 requerimientos o resoluciones han acabado en la papelera de la Conselleria de marras. Casi un centenar de estas solicitudes tuvieron que cerrarse sin respuesta alguna, habida cuenta del silencio hostil de la Administración valenciana. Por menos, Oltra y los suyos hubieran exigido ceses, dimisiones o, cuando menos, una reprobación parlamentaria. Y es que, detrás de los papeles, quedan olvidadas necesidades humanas para las que no hubo tiempo ni interés en atender. En su inmensa mayoría, reclamaciones relacionadas con la dependencia. Las personas son lo primero, nos cuentan. Pues vale.
Supongo que, desesperado ante el constante ninguneo, Ángel Luna ha tenido que recordar en las Cortes Valencianas que, si las administraciones no colaboran, la Sindicatura pierde su prestigio. Si así fuera, correría el riesgo de desaparecer una institución a la que, solo en el año 2017, han recurrido más de 17.000 ciudadanos. Posiblemente sea esto lo que andan buscando quienes ponen palos entre sus ruedas. La advertencia de Luna coincide en el tiempo con la satisfacción de la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Elena Ferrando, por el hecho de que las reclamaciones en su sector hayan disminuido considerablemente desde 2014. Los datos no apuntan a que el descenso sea atribuible, en exclusiva, a la actividad que desarrolla la Generalitat; muy al contrario, buena parte tendrá que ver con la desesperanza que se genera cuando las peticiones no son atendidas. Para qué diablos sirve quejarse, cuando no se dignan en contestarte. Menos aún, por supuesto, en ofrecer solución a la queja planteada.
Como justificación de su inoperancia -o prepotencia, según se vea-, Oltra hace responsable de la situación a Cristóbal Montoro. Cierto es que el ministro es uno de los males mayores que sufre la Comunidad Valenciana y, si me permiten la propuesta, ya podrían ir declarándole persona non grata por estas tierras. Ahora bien, se me antoja algo infantil escudarse en la baja tasa de reposición -en otros términos, a que falte personal en la Generalitat- como argumento de defensa. Habrá que recordar que la vicepresidenta cuenta con una extensa plantilla de cargos de confianza. Nada menos que trece asesores y eventuales, número que supera el máximo permitido y ha obligado a que el propio president, Ximo Puig, tenga que cederle un par de puestos. Incluso dispone de un experto en redes sociales que, para mayor gloria de la lideresa, se encarga de mantener activa su cuenta de Twitter. Sin embargo, parece tener serias dificultades a la hora de contestar al Síndic de Greuges. Digo yo que algo falla: o falta vergüenza o sobra cara, que viene a ser lo mismo.
Siempre hay a quien gusta intoxicar y sembrar dudas sobre la objetividad de los miembros de la Sindicatura. Por ello, les aconsejo que recurran a la hemeroteca para corroborar una independencia política fuera de toda duda. Se trata del mismo equipo que, en el año 2013 y con el PP gobernando en la Generalitat, denunciaba los recortes en materia de protección social, la falta de planificación e, incluso, la vulneración de los derechos de los ciudadanos. También fueron los mismos a los que aplaudía Mónica Oltra hace apenas un año, cuando se publicaba un demoledor informe sobre el estado de los servicios sociales en la Comunidad Valenciana. Claro está que, en opinión de la vicepresidenta, el Síndic se refería a tiempos pasados. A la vista de la última memoria anual, nada parece haber cambiado. Lean, analicen datos y que cada uno juzgue como le venga en gana.
Con tanto enemigo a la vista, al Síndic de Greuges se le presenta un horizonte algo oscuro. Cuestión de defender al defensor, aunque solo sea por puro egoísmo. Ahí estamos.
