La universidad no está exenta de los vicios que acaecen al común de los mortales. Si puedo hacer una cosa con el menor esfuerzo posible y me lo puedo permitir, ¿por qué no hacerlo si el entorno me ofrece todas las facilidades? Hace unos días leí sobre la existencia de empresas que se dedican a la realización de trabajos de fin de grado (TFG), trabajos de fin de máster (TFM), incluso tesis doctorales. Recordemos que Bolonia contempla la realización de unos trabajos prácticos, necesarios para terminar los estudios de grado. Sin esos créditos, que pueden oscilar según las titulaciones, el estudiante no obtiene el título de Grado o Máster. Se trata de un requisito ineludible. La noticia recogía testimonios reales, aunque desde el anonimato, de jóvenes que redondean el mes con unos 200 o 300 € simultaneándolo con otro trabajo. Si lo hicieran en exclusiva, podrían llegar a los mil euros, un sueldo anhelado por muchos jóvenes que, con su flamante título universitario malviven con sueldos que rondan los 600? y se hinchan a trabajar. Esta actividad les permite además, poner en práctica su formación universitaria. ¡El colmo del despropósito!

Así descubrí que estas empresas contratan en negro a jóvenes precarios con una sólida formación universitaria. Es decir, pagan en negro, a una persona que hace de negro elaborando un trabajo que llevará la firma de quien lo paga. Y ahí es donde radica parte del problema. Mientras las universidades han puesto en marcha mecanismos de detección de copia y plagios, esta compraventa de trabajos académicos es difícil de detectar y de sancionar. Así lo afirmaba en la noticia el profesor Jiménez Cano que fue decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia y antiguo profesor de una servidora. La única forma de detectarlo es por medio del seguimiento constante que hace el tutor con el estudiante, y darle más importancia a la exposición oral. A ello, se añade la ausencia de normas y procedimientos reglados para sancionar este tipo de prácticas, si es que se detectan. Tanto rectores (CRUE) como los representantes de estudiantes de las universidades públicas (CREUP) se encuentran en fase inicial de redacción de un texto que responda a las circunstancias de la universidad actual. Hasta ahora, en nuestro país, las sanciones al incumplimiento de los deberes académicos se recogen en un texto de la época franquista de 1954. Ha llovido desde entonces y en las universidades extranjeras, que no escapan a esta compraventa, ya se han adoptado medidas.

Me preocupa el auge de estas empresas por diferentes motivos. En primer lugar, responde a una demanda creciente; el TFG o el TFM se considera un requisito formal, necesario para la obtención del título. En el caso del TFG, si no lo apruebo o no me presento, la segunda o tercera matrícula encarece el precio del crédito. Recurrir a estas malas prácticas me podría ahorrar tiempo y hasta dinero. Pero detrás de esta demanda prevalece la titulitis en detrimento del valor del conocimiento y del esfuerzo personal. En segundo lugar, el auge viene propiciado por la dificultad para detectar y sancionar estas malas prácticas. Frente al plagio, fácilmente comprobable gracias a las nuevas tecnologías, estamos ante trabajos hechos por encargo, un trabajo original que afecta tanto a la ética como a la legalidad. Finalmente, y no menos lamentable es que detrás de este negocio se encuentra una juventud sobradamente preparada que vive en el precariado más obsceno, que siente que su título universitario no le sacará de la pobreza y que necesita sobrevivir como sea. Hasta que no nos demos cuenta de que nuestros veinteañeros y treintañeras universitarias ganan sueldos de miseria que les impiden vivir dignamente e iniciar un proyecto de vida, tendremos una visión sesgada de este y otros muchos temas. Según la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), la riqueza neta mediana de los llamados «millenials» es ahora de 3.000? cuando hace una década era de 63.400?. Ellos están hasta en el origen de la burbuja inmobiliaria porque, se dice, que como no pueden adquirir una vivienda, alquilan, y por tanto, ese es el motivo del encarecimiento del alquiler y del aumento de la compra de vivienda para inversión. A mí me parece un despropósito y un absoluto desprecio a la responsabilidad que tenemos con el relevo generacional.

Lejos de aprobar unas prácticas que me parecen fraudulentas y poco éticas, reconozco que para combatir un problema hay que analizarlo en toda su complejidad. Así para terminar, me reitero en lo que dije en mi artículo anterior. La universidad no puede permitir que su credibilidad y prestigio queden en entredicho. Los estudiantes tienen que tener la seguridad de que sus derechos están protegidos, de que la igualdad de oportunidades está garantizada y de que las malas prácticas se castigan. Los plagios y la compraventa de trabajos académicos menoscaban la credibilidad de los títulos universitarios y de la institución que los expide. No podemos mirar hacia otro lado y que sigan saliendo noticias que manchan el buen nombre de la universidad sin respuestas ni compromisos de futuro. Hay carreras literarias de las que se ha sospechado que hubiera detrás un negro literario (expresión vetada en Francia por considerarse racista), no permitamos que la misma sombra de duda se instale en la universidad.