Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, desde UGT rendimos homenaje a los miles de trabajadoras y trabajadores que han sido víctimas de la siniestralidad laboral, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso por la defensa del derecho a la seguridad y salud en nuestros centros de trabajo.

El derecho a preservar la salud en el ámbito laboral siempre ha constituido un objetivo prioritario para nuestra organización. Prueba de ello es que desde las estructuras intercomarcales de UGT-PV en la provincia de Alicante, L´Alacantí-La Marina y La Muntanya-Vinalopó-Vega Baja, hace 25 años que venimos prestando un servicio especializado de asesoramiento y asistencia en materia de prevención de riesgos laborales, dirigido al conjunto de trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia. Salvo honrosas excepciones, las empresas alicantinas continúan siendo todo un referente en precariedad laboral, que como ya se sabe, es el elemento que constituye la principal causa del deterioro de nuestras condiciones de trabajo y las altas tasas de siniestralidad laboral que padecemos.

En los últimos cinco años y coincidiendo «casualmente» con la entrada en vigor y posterior aplicación de la reforma laboral de 2012, los accidentes de trabajo en la provincia de Alicante se han incrementado un 37,6%, pasando de los 10.824 accidentes contabilizados en 2012 a los 14.810 registrados en 2017. Por su parte, los siniestros de consecuencias mortales han aumentado un 60%, ya que de las 10 muertes de trabajadores registradas en 2012 hemos pasado a las 16 ocurridas en 2017 (Fuente: INVASSAT).

Llegados a este punto, es importante aclarar que los accidentes laborales que figuran en las estadísticas descritas son sólo aquellos en los que al trabajador se le concede la incapacidad temporal como consecuencia de las lesiones sufridas por dicho accidente. Por ello, si tenemos en cuenta las enormes reticencias y dificultades que las mutuas acostumbran esgrimir a la hora de emitir los partes de baja a los trabajadores accidentados, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que la siniestralidad laboral «real» es significativamente mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales.

Ante esta preocupante situación, lejos de adoptar medidas correctoras con carácter urgente, el Gobierno del PP ha optado una vez más por mirar hacia otro lado. Por lo visto, hace tiempo que decidieron que los costes de la salida de la crisis los iban a soportar los sectores de población más vulnerables de nuestra sociedad (pensionistas, desempleados, personas dependientes, etcétera) y por supuesto, el conjunto de trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

El recorte de salarios y derechos ha sumido a muchas personas en una situación de auténtica pobreza laboral, que ven cómo sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades más elementales como son la vivienda, una alimentación adecuada, etcétera. Ante semejante injusticia, desde UGT decimos que ya basta, que la clase trabajadora de este país no es responsable de ninguna crisis, y que por lo tanto no ha de seguir pagando las facturas que han generado otros a costa de la merma de los derechos laborales, y menos aún del derecho a la salud.

Exigimos la derogación inmediata de una reforma laboral que sólo ha servido para precarizar y deteriorar aún más nuestro ya maltrecho mercado de trabajo. Una prueba evidente de esta afirmación es el sostenido incremento de la siniestralidad laboral desde que dicha reforma entró en vigor.

Entre otras medidas, consideramos necesario incrementar los controles laborales en las empresas, a fin de velar por el cumplimiento estricto de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, pues es la salud y la vida de muchos trabajadores y trabajadoras lo que está en juego.