Las ovejas guirras ya pastan por el Palmeral histórico. Emulando a Miguel Hernández en sus años mozos, el concejal del asunto ecopastoril, el compromisario Antonio García, condujo hace unos días un rebaño de estos ovinos autóctonos hacia el interior del Hort dels Pontos para se despacharan a gusto con la maleza acumulada en los bancales, mientras les recitaba: «Se derrama,/ rogándome asistencia,/ el limonero al suelo, ya cansino,/ de tanto agrio picudo...». Así se fomenta, asegura, la pervivencia de esta raza amenazada de extinción y, de paso, se ahorra una pasta en desbroce gracias al pasto. Se esperan más iniciativas en el mismo sentido, tales como la incorporación de la cerceta pardilla a los estanques de los parques municipales y la reintroducción de la anguila y el mújol en el Pantano. Una loable actuación que contribuye a hacer de Elche una ciudad más sostenible, socioparticipativa, «smart» y, sobre todo, «sheepfriendly» (guay para las ovejas, vamos).
Pero mientras esta bucólica estampa primaveral tenía lugar en el frondoso palmeral, a unos pocos metros de allí, en la casa consistorial y alrededores, el estruendo de la batalla política resonaba más fuerte que los topetazos de las cornamentas de las cabras montesas. La guerra abierta entre el Gobierno local -parte de él- y la Conselleria de Cultura a costa de la conservación del patrimonio alcanza nuevas cotas. Máxime estando ambas instituciones a cargo de los mismos socios políticos aquí y allí, PSOE y Compromís. Esta última formación ha decidido pasar de la resistencia pasiva al ataqueeee en el asunto del Mercado Central y su lideresa, Mireia Mollà, ya ha conminado públicamente al alcalde a romper en mil y un pedazos el contrato con Aparcisa en un acto público en la Plaça de Baix, con lectura de manifiesto, suelta de globos y colla de dolçaina incluidos. Eso después de haber acusado unos días antes a Carlos González de ocultación, opacidad y encubrimiento alevoso por no decirles que Icomos, organismo de la Unesco que supervisa, vigila y da esplendor a los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, les había pedido un informe sobre la repercusión en el Misteri del tráfico que generaría el nuevo parking del mercado. Inmediatamente los técnicos municipales han hecho el correspondiente informe (será por informes) en el que se afirma que «a lo mejó» afectaría, aunque quizás se podría evitar con medidas correctoras como cortar la circulación en el Carrer Major de la Vila y alrededores cuando haya representaciones, procesiones y actos similares. Vamos, lo que se viene haciendo hasta ahora. (Aviso, ya que estamos: ¿habrá pedido el edil García permiso a Icomos para meter rebaños en el Palmeral histórico, también Patrimonio de la Humanidad? En caso contrario, un día de estos veremos a los técnicos municipales emitiendo otro informe sobre el efecto de la invasión ungulada sobre la florifauna y el riego andalusí, a petición de Salvem els Agrets. Al loro).
Bien, estábamos con lo de la tenaza compromisaria Elx-València sobre el grupo municipal socialista y el alcalde, que sigue absorto mirando la calavera hallada en el enterramiento medieval del subsuelo de la plaza de abastos, preguntándose: «Mercado: ser o no ser. Esta es la temible cuestión». A la creciente presión ejercida desde aquí se ha sumado en los últimos meses, de forma entusiástica, la Conselleria de Cultura, dirigida por el también compromisario Vicent Marzà, departamento que súbitamente ha experimentado un interés, encomiable a la par que sospechoso, sobre el patrimonio arquitectónico ilicitano (eso sí, siempre alertado por diligentes colectivos y particulares). Así, a primeros de año Cultura paralizó el derribo de la sala de venta de agua de El Progreso, dejó la fachada apuntalada «sine die» y acusó al Ayuntamiento de saltarse la ley al no proteger el edificio. Después advirtió de que en el subsuelo del Mercado Central hay otro refugio de la guerra civil (supuestamente, que aún no se ha encontrado) que debe protegerse según la legislación autonómica, y eso impediría ejecutar el controvertido parking. Ahora llega otro informe autonómico sobre el edificio de abastos, a petición municipal, para que aclaren de una vez si hay que protegerlo o no. Había ya tres estudios anteriores, dos a favor de conservarlo y un tercero, incluido en el plan de reforma interior (PRI), que descartaba el valor patrimonial. El documento ahora remitido por Cultura es un pastiche de los precedentes: pone de manifiesto que el edificio («adefesio» en la docta calificación del popular Vicente Granero) no está integrado en el entorno, es una construcción sobredimensionada, fuera de escala, con cimentación deficiente, riesgo de colapso y cubiertas de amianto (cancerígeno)... pero como está dentro del casco histórico, podría recibir la consideración de bien de relevancia local (BRL) y, por tanto, conservarse. Aunque sería solo en parte, porque si se rehabilita habría que retranquearlo por el oeste para alinearlo con el Carrer Major de la Vila. Decisión que desde València le encasquetan al gobierno local.
Carlos González confiaba en que fuera la Conselleria y, por ende, Compromís quien asumiera el riesgo político y económico de paralizar el proyecto mercantil -una de los estrellas electorales de la coalición-, con la excusa de los baños árabes, las catas arqueológicas, el ignoto refugio o la protección del racionalista edificio. Pero ahora, a resultas de la maniobra envolvente de sus socios -que a buen seguro irá a más-, los socialistas, divididos en este asunto, reciben otra traicionera arremetida caprina, que les coloca ante la tesitura de decidir qué hacer con la insidiosa «patata caliente», convertida ya a estas alturas en un auténtico puré. Y en esta cuestión, quien se mueva no solo no saldrá en la foto, sino que pagará la ronda.
Habrá que hacer un nuevo informe. O varios. Y atentos, que después de las ovejas vienen las cabras (y estas embisten).
