La pregunta sigue en el aire. Cuatro días después de que trascendiera la rocambolesca adjudicación del contrato de las ambulancias para los Juegos Escolares, ni la Concejalía de Deportes, ni Alcaldía -que para el caso son lo mismo- han aclarado aún si hubo o no amaño, concertación, irregularidades o simple torpeza en un concurso de 50.000 euros. Es comprensible que Eva Montesinos y todo su aparato se hayan volcado en la negociación para conseguir el voto definitivo de la tránsfuga Nerea Belmonte, a la que los propios socialistas y sus exsocios de Guanyar primero delataron y luego expulsaron del tripartito por adjudicar de forma legal un contrato menor a una empresa de su entorno.
En el caso de las ambulancias, el ganador de este procedimiento negociado sin publicidad y por urgencia no cumple los requisitos legales para prestar el servicio al carecer de la preceptiva tarjeta de transporte de uso público, según el Registro de Empresas del Ministerio de Fomento. Pero es que las otras dos firmas que participaron en el concurso tampoco cuentan con la autorización, ni tienen vehículos propios.
Alcaldía sostiene que la propuesta de las tres mercantiles partió de la médico de la concejalía, pero la sanitaria negó que se ocupe de la contratación. Uno de los licitadores -ligado al ámbito de la educación y no al del transporte- declaró que pretendía subcontratar el servicio, pero la ley sólo le autoriza a hacerlo en un 60% y su empresa no dispone de ambulancias, como tampoco las tiene el tercero en discordia.
En el expediente que ha ordenado revisar a fondo la alcaldesa, y al que ya puso pegas desde su convocatoria inicial la asesoría jurídica municipal, se incluyen documentos que demuestran la complicidad entre el adjudicatario y otro de los concurrentes, que le aporta certificados de solvencia económica y financiera. Y hasta la concejalía aporta al procedimiento informes de solvencia técnica o profesional del adjudicatario que no se corresponden con la realidad.
De momento, nadie habla de prevaricación o de corrupción de baja intensidad, pero este cúmulo de irregularidades es más que suficiente para que la alcaldesa que quiere ser despeje cualquier sospecha de amaño y aclare que todo se debe a falta de diligencia debida, negligencia más o menos culpable o a simple incompetencia.
Pero no. La Alcaldía y su mini-gobierno se parapetan en que todo fue «legal» y que «los negociados sin publicidad se rigen por estas normas», según dijo el martes el edil de Seguridad Fernando Marcos. Da miedo pensar que todos los contratos del Ayuntamiento siguen este mismo patrón. Uno quiere pensar que el consistorio que sostiene con sus impuestos no es la «casa de tócame, Roque». Y el «mantra» de la legalidad en los fraccionamientos de Comercio también fue utilizado durante el calvario político-judicial del exalcalde Gabriel Echávarri sin que sea necesario recordar cómo acabó en el Ayuntamiento. En los juzgados continúa.
Los dirigentes socialistas y las «fuerzas progresistas» del extinto tripartito se han pasado todo el mandato (aquí huelgan los adjetivos) tronando contra «la corrupción del PP, el cortijo y el fango». Y ahora, cuando se les pide transparencia sobre los contratos, sobre la gestión del dinero público y la financiación de sus campañas electorales, se rasgan las vestiduras, se enrocan en sus propias trampas y culpan al mensajero. Y luego se quejan cuando escuchan que todos los políticos son iguales. Tienen razón: unos son peores que otros.
