El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, solicitó a Alemania la detención y puesta a su disposición del expresident y prófugo Carles Puigdemont. La propuesta fue apoyada en los mismos términos por el fiscal general del land ? región- de Schleswig-Holstein ante el Tribunal Superior regional. España se ha cogido a la euroorden que establece la detención y entrega de fugados por un número limitado de delitos ?32 en concreto? comunes con cierta «flexibilidad» ?como ha resaltado el Tribunal Superior Europeo de Justicia, TSJE? a todos los países de la Unión. No se trata de un procedimiento de extradición en que la decisión es del correspondiente gobierno, del Ejecutivo; sino de poner a disposición de la Justicia de otro país de la Unión a un prófugo. La relación es entre los poderes y sistemas judiciales de los países de la Unión Europea. La euroorden se basa en el reconocimiento mutuo de los Estados, y en particular del funcionamiento de los respectivos sistemas judiciales, en una democracia. De la misma forma que el espacio Schengen supone una equiparación de fronteras entre los países que lo comparten, la euroorden lo que equipara son una serie de delitos comunes a los sistemas penales europeos y dispone la entrega de las personas reclamadas para que sean juzgados en el país que los reclama.

He de decir que no soy abogado ni jurista, aunque conozco algo de Derecho porque lo estudié en mis años mozos en la Complutense de Madrid, donde estaba la flor y nata del derecho español, y he tratado de mantenerme al día. Por eso, me resulta chocante que el Tribunal Superior de esa región alemana rechace el delito de rebelión porque no se da la circunstancia de violencia, y pida al juez del Tribunal Supremo español que aporte pruebas sobre la malversación de caudales públicos. Me resulta extraordinariamente sorprendente porque en realidad el tribunal alemán está juzgando y entrando en el fondo del asunto, y por lo tanto desconfiando de los tribunales españoles. Nada menos que del instructor español del Tribunal Supremo y contraviniendo la filosofía de la euroorden. El tribunal Superior de la región de Schleswig-Holstein no puede ni debe entrar en el fondo del asunto. Mucho menos exigir pruebas. Son muchos los juristas españoles, y me parece lo más acertado, que piensan que no existe el delito de rebelión ?como mucho el de sedición?, precisamente porque falta el requisito de violencia, pero eso tendrá que dictaminarlo y sentenciarlo un tribunal español, no un tribunal alemán. Lo mismo sucede con la malversación de caudales, el Supremo español no tiene por qué aportar pruebas a un tribunal inferior alemán. Debe bastar la instrucción del magistrado español Llarena. No es de recibo que un tribunal regional alemán exija nada al instructor español del Supremo.

Es penoso el papel que el Ministerio de Asuntos Exteriores del señor Dastis ha jugado en todo este proceso. La Diplocat del anterior gobierno catalán se ha mostrado más eficaz en su propaganda y en hacer llegar sus opiniones a los ciudadanos del resto de Europa, que todo un Ministerio. También a los gobiernos, porque hasta el propio secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo, se reunió este martes con 17 embajadores de la Unión a los que había convocado en Alicante, en la Casa del Mediterráneo, para hablar de las perspectivas financieras de la Unión. Aprovechó la cena para explicar las inquietudes del Gobierno español en todo lo que tiene que ver con el independentismo catalan y se comprometió a enviarles asiduamente documentación con información sobre la situación en Cataluña a la vez que les pidió que tengan más contacto con medios de comunicación y líderes de opinión españoles para tener una imagen contrastada de lo que ocurre y no solo la versión de los independentistas. Quizá asistió, o ni invitaron a esa cena al exministro García Margallo, pero en cualquier caso estará disfrutando lo que no está escrito. En castizo, «muerto el burro la "cebá" al rabo».

Llegados a este punto, habiendo resuelto el tribunal del land alemán, solo los fiscales alemanes pueden recurrir ante el Tribunal Superior Europeo arguyendo que el tribunal territorial no es quien para entrar en el fondo del asunto que corresponde al Tribunal Supremo español. De eso habrán intentado convencer los fiscales españoles a sus colegas alemanes, seguro, en la reunión que el jueves mantuvieron en La Haya. Era el día de la Santa Faz, ¡misericordia!