Como de excelente noticia se puede calificar la recuperación del Hospital Universitario de La Ribera, en Alzira, para el sistema público sanitario de la Comunidad Valenciana. Después de casi veinte años de gestión privada de un servicio que siempre debió ser público, y después de haber costado cientos de millones de euros a las arcas públicas valencianas, el rescate de este hospital contiene un triple elemento. En primer lugar, el económico, por cuanto la Administración Valenciana tendrá que dejar de pagar por prestar asistencia sanitaria a un precio mucho mayor del coste real. Como sabrá el lector esta idea de privatización comenzó en cuanto el Partido Popular se hizo con el poder a mediados de los 90. No le hizo falta ni esperar a cuáles eran las carencias de una determinada zona de la Comunidad Valenciana ni hacer un estudio económico sobre su viabilidad. La idea fue más sencilla que todo eso. La Generalitat construyó un hospital que entregó a un grupo empresarial de manera gratuita para que otorgara servicios sanitarios a una comarca a cambio de una cantidad de dinero por habitante. Es decir, de entrada el beneficio ya era doble ya que el PP valenciano de Eduardo Zaplana construyó este hospital y después se lo entregó a la empresa Ribera Salud además de un canon anual por cada uno de los 250.000 habitantes de la comarca de La Ribera con independencia de que necesitasen asistencia sanitaria. Si en el comienzo de este suculento contrato Ribera Salud recibía 204 euros por cada habitante, en el último año de contrato la cantidad ya estaba en algo más de 700 euros.

En segundo lugar, un elemento político. El Consell cumple uno de los principales puntos que se incluyeron en el llamado Acuerdo del Botánico, en concreto el apartado 3.b, en el que se estableció como elemento fundamental la recuperación del sistema sanitario público. La sanidad constituye un elemento vertebrador de igualdad de oportunidades pero, sobre todo, supone una declaración de intenciones de una acción de gobierno. Con el rescate del Hospital de Alzira, el PSPV recupera protagonismo político de manera evidente. Pese a los agoreros que habían pronosticado la llegada del caos absoluto en cuanto la Consellería dirigida por Carmen Montón se hiciera con su control, este hospital ha seguido funcionando de manera habitual. La primera mejora que se ha producido ha sido la contratación de 300 personas para diferentes áreas. Ya se sabe que si por algo se caracterizan los hospitales privados, y en general cualquiera que pretenda obtener un beneficio económico de la sanidad, es por ahorrar en maquinaria especializada y en personal.

Y en un tercer lugar debemos hacer notar el elemento social y democrático que se encuentra detrás de este proceso de recuperación. El mensaje que subyace es un elemento reivindicativo del colectivo, de una ciudadanía que cuando confía en sus posibilidades y en su buen hacer puede conseguir que una rama de la Administración tan sensible a los cambios y tan fundamental como elemento vertebrador, funcione de manera correcta gracias a la profesionalidad de un personal sanitario que no se mueve por el dinero si no por la prestación de un servicio público y por la vocación de generar un bien a sus conciudadanos.

Durante todos estos años ni el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ni la propia empresa Ribera Salud han sido capaces de demostrar que la gestión privada de la sanidad pública supone dar un mejor servicio a la población a un coste menor. La razón es muy simple: porque es falso. Detrás de las privatizaciones siempre se esconde un deseo de crear puertas de trabajo giratorias para los responsables políticos que acuerden esa privatización y un mensaje de las supuestas bonanzas de un sistema clasista que tiene uno de sus vértices diferenciadores en materia de sanidad.

Para terminar vamos a explicar uno de los muchos motivos por los que se diferencia la sanidad privada de la pública. En la sanidad privada se dan todos los años casos de abandonos de pacientes por parte de sus médicos. Se puede producir en cualquier especialidad, teniendo especial gravedad en la de cirugía pediátrica, y supone que cuando un médico comete una negligencia grave con un paciente o cuando se da cuenta del grave estado en que se encuentra argumenta que se encuentra presionado por los familiares y abandona a su suerte al enfermo sin importarle el lugar en que se encuentre ni su gravedad. En un hospital público esto jamás ocurriría. En caso de producirse una negligencia siempre se buscaría una solución en el mismo hospital lo más pronto posible para evitar que el paciente acreciente su gravedad por una mala asistencia.