La Comunidad Valenciana, especialmente la provincia de Alicante, mide su influencia política y empresarial con la decisión que se ha de tomar en el Ministerio de Agricultura esta semana sobre la cantidad del trasvase del Tajo para la provincia. Es lo que se dirime en estos momentos. No se puede cuestionar que llegue agua del Tajo para el consumo urbano y para el regadío porque es ilegal. En los embalses de Entrepeñas y Buendía hay 468 hectómetros cúbicos, 68 más de los que establece la legislación para que se produzca el flujo de aguas y, por tanto, la comisión técnica que se reúne hoy no puede negar el trasvase. ¿De cuánto? Esa es la cuestión clave. Si por Castilla-La Mancha fuera, ni un litro de agua. La Comunidad Valenciana reclama 20 hectómetros cúbicos. La normativa lo permite y durante los últimos once meses el grifo ha estado cerrado porque los embalses de la cabecera del Tajo se encontraban por debajo de 400 hectómetros cúbicos, la línea roja que se pactó de conformidad con Castilla-La Mancha. En torno a esos 20 hectómetros cúbicos se medirá qué comunidad autónoma pesa más para los intereses estratégicos, políticos y económicos, del Gobierno de Mariano Rajoy. Ambas comunidades están presididas por un socialista: Emiliano García Page, en la Junta de Castilla-La Mancha; Ximo Puig, en el Consell de la Comunidad Valenciana. En ambos casos se gobierna en minoría: con apoyo de Podemos en Castilla-La Mancha, con Compromís y apoyo de Podemos en la Comunidad. Todo lo que se desembalse de agua del Tajo por debajo de los 20 hectómetros cúbicos será como obtener un certificado de que la influencia de la Comunidad Valenciana es escasa. Tratándose de agua, no solo sería un suspenso para los políticos, sino también para los empresarios.
