En la campaña electoral de 2015, cuando el futuro estaba aún por escribir y nadie podía sospechar las amarguras que ocultaba, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Alicante, Gabriel Echávarri, y la que hoy se postula como su sucesora, Eva Montesinos, rieron, hablaron y compartieron mítines con José Ramón Tiller, uno de los profesionales que trabajó en una empresa de Gandia investigada ahora por una presunta trama de financiación. Nadie puede ser condenado por hablar con nadie, ni por ser amigo de nadie, pero la firma para la que trabajó Tiller está siendo investigada por las campañas electorales socialistas de 2007 y 2011 y las imágenes ahora divulgadas por el PP de Alicante, que se apunta a todas las batallas a pesar de que sigue teniendo el pasado más tenebroso de todos, se refieren precisamente a otra campaña del PSOE, ésa de 2015. Salen a la luz en el peor momento posible: no por lo que atañe a Echávarri, que ya es rey destronado, sino justo cuando Montesinos busca apoyos para convertirse en la alcaldesa que saque a la capital del atolladero. Por eso sorprende que la concejala se negara ayer a dar explicaciones para atajar de forma contundente el incendio desatado por el PP a partir de unos vídeos y le dejara además el camino expedito a que el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, aprovechándose de ese silencio, echara más gasolina advirtiendo al PSOE de que a lo mejor debe buscarse otro candidato. Después de las desventuras judiciales de Echávarri, esto es lo que faltaba.
En estos duros años en que la corrupción sigue proyectando tantas sombras, los políticos necesitan ya no explicar hechos, sino aplicar el viejo dogma de la mujer del César y liberar sospechas, que es lo que debe hacer Montesinos ya. Y hacerlo bien. No como el exalcalde de Benidorm y en la actualidad diputado provincial socialista Agustín Navarro, quien el jueves señaló a este diario desconocer todavía a estas alturas que Tiller, con quien su partido trabajó en la campaña de 2007, pertenecía a otra empresa a la que en 2010 la capital turística le adjudicó por la nada despreciable cifra de 223.000 euros unos opinómetros (máquinas interactivas para que los ciudadanos pudieran opinar sobre la realidad municipal) que por si fuera poco dejaron de funcionar apenas dos años después, en marzo de 2012. Fue entonces cuando, maldita hemeroteca, la edil del PP de la ciudad turística Ángela Llorca ya alertó de que efectivamente ambas empresas podían estar vinculadas. Y fue más lejos al hablar de las presuntas irregularidades del proceso de adjudicación del servicio que, según Llorca, «se realizó a medida para que se lo quedaran empresas que casualmente trabajaron en la campaña electoral del PSOE».
No se trata aquí de decir si la edil popular de Benidorm tenía o no razón. Sino de subrayar que parece increíble que Navarro diga ahora que nunca supo nada: o no se preocupó entonces de unas acusaciones que crearon un hondo debate en la localidad o las ha olvidado desde entonces. Las dos cosas son igual de graves. Y denotan en Navarro una curiosa ingenuidad (máxime si todo se hizo bien, como él afirma) cuando precisamente la investigación está vigilando con lupa la cuestión de los opinómetros, que no sólo se instalaron en Benidorm sino también en Gandia, en parte, por la misma empresa vinculada a Tiller, quien a su vez fue en su día jefe de gabinete del exalcalde socialista de la capital de la Safor, Jose Manuel Orengo. Y de la legendaria sintonía política compartida durante años entre Orengo y Navarro no ha podido olvidarse nadie.
