«Yo sé lo que se ha publicado, que seguramente es cierto. Es muy grave. Vamos a recopilar toda la documentación y a colaborar con la justicia. Estamos en otra época». Esta fue la frase con la que Manolo Mata, número dos de Ximo Puig en el PSPV y síndic parlamentario socialista, se despachó cuando conoció las revelaciones sobre una trama que habría financiado en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 a los socialistas y al Bloc Nacionalista Valencià, hoy socio mayoritario de Compromís, durante los mandatos, en el primer caso, de Joan Ignasi Pla y, en el segundo, nada menos que de Enric Morera, hoy presidente de las Cortes y segunda autoridad de la Comunidad. Ojo: un asunto que afecta a las dos formaciones que, a día de hoy, comparten el Consell del Botànic. Y que estalla a poco más de un año de las elecciones autonómicas. Poca broma.
El «modus operandi», para entendernos y según la investigación policial que se inició hace ahora un año con una documentación anónima que llegó a manos del PP, es el de una Gürtel, en este caso, al servicio de la izquierda con base en una empresa con sede en Gandía -feudo de José Manuel Orengo, hoy asesor del presidente Puig, y del exsecretario de Organización del PSPV, Alfred Boix- en la que trabajaban protagonistas de la comunicación socialista durante décadas como José Ramón Tíller. Podría haber donaciones de empresas constructoras -igualito que la del PP en 2007 y 2008- y, en el caso del PSPV, adjudicaciones desde el Gobierno de España, bajo mando entonces de Zapatero, como los populares hacían con El Bigotes y compañía desde el Consell. Aunque hablemos de hechos que se remontarían a más de una década, prescritos en el caso del delito electoral aunque abiertos en el resto de actuaciones, hay que exigir a los dos partidos la máxima transparencia con sus cuentas, claridad total en sus explicaciones y decisiones contundentes. Una cosa son las resoluciones judiciales con sus tiempos y otra las responsabilidades políticas que, una vez se conozcan los detalles un relato que amenaza con alargarse durante un tiempo, se tendrán que asumir.
En el caso del PSPV, una de las primeras cosas que hizo el presidente de la Generalitat cuando conoció la noticia fue telefonear a Joan Ignasi Pla para pedirle explicaciones. José Luis Ábalos, entonces secretario general de los socialistas en la ciudad de València y hoy mano derecha de Pedro Sánchez como jefe del aparato de Ferraz, contactó con el responsable su homólogo del PSPV, José Muñoz, para que cogiera el toro por los cuernos lo antes posible. Habrá una comisión interna que analizará toda la documentación y se tomarán, como anuncia Madrid, «medidas contundentes». Mientras Enric Morera, a sabiendas de que el foco está en su jefe de gabinete Lluís Miquel Campos -jefe de toda la estructura del Bloc desde la época de Pere Mayor-, tiró balones fuera; la actual dirección de su partido, una nueva hornada liderada por Àgueda Micó, está dispuesta a cortar por lo sano. No quieren perder lo que les costó tanto tiempo conseguir. De momento, sólo palabras. Esperemos a las decisiones.
Cuando los socialistas y Compromís -con el Bloc como principal partido de la coalición- llegaron al Consell, lo hicieron con la bandera de la regeneración democrática y pidiendo, con toda la razón, dimisiones a raíz de las investigaciones por corrupción y de las tramas de financiación ilegal que afectaban al PP. Ahora ambos se tienen que aplicar la misma medicina sin mirar ni la lejanía en el tiempo de aquellas prácticas ni la cuantía. «Qui furta un ou, furta un bou», ya conocen ese popular refrán valenciano. Está en juego su credibilidad y la del Consell.
