La obra pública en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana ha atravesado una situación muy crítica durante los últimos 10 años por la escasa licitación de contratos por parte de las distintas administraciones. Tal situación fue la causante tanto de la desaparición de un buen número de empresas constructoras como de la consiguiente y muy lamentable destrucción de empleo que se produjo en esos años. Así mismo, y también como consecuencia de esa bajísima licitación de obra pública, las empresas, con el único objetivo de poder garantizarse la continuidad de su actividad en el sector, han venido realizando ofertas con bajas muy elevadas, desproporcionadas y temerarias, que hacían inviable la ejecución de esos contratos y que provocaron situaciones que todos hemos conocido de «obras paralizadas, empresas en concurso de acreedores, más destrucción de empleo, demoras en los plazos de ejecución?».
Pues bien, creo que es el momento de reflexionar conjuntamente administraciones y empresas para intentar regular, disminuyendo y/o eliminando las adjudicaciones de contratos con ofertas desproporcionadas o temerarias, máxime cuando se nos brinda la oportunidad al ser necesario redactar nuevos pliegos de condiciones para ajustarlos a la nueva Ley de Contratos del Sector Público vigente desde el pasado 9 de marzo.
Desde las empresas de nuestra Federación FOPA, queremos transmitir a todas las administraciones -ayuntamientos de la provincia, Diputación Provincial, Generalidad Valenciana y Administración del Estado-, nuestra total colaboración y predisposición para aportar soluciones encaminadas a reducir y/o eliminar estas adjudicaciones con ofertas desproporcionadas en aras de la propia salud económica de las empresas y del interés general del sector. Para lo cual consideramos fundamental introducir en los nuevos pliegos de bases medidas que «desincentiven» la realización de ofertas con bajas muy elevadas, como por ejemplo: «criterios limitativos más restrictivos para la temeridad (inferior a Baja Media + 3 o 5 )», «que el peso de la parte económica no supere el máximo del 75% establecido en la nueva Ley», «que la formulación a utilizar para valorar el precio no motive a realizar bajas elevadas», «que en caso de existir mejoras se limiten al 10 o 12% del importe del contrato», etcétera.
Estoy convencido de que, con las perspectivas de una tendencia positiva de inversión en obra pública e infraestructuras que se debe producir en los próximos años, y con la ayuda y colaboración entre administraciones y empresas, se puede conseguir sanear este sector, tan necesario para la generación de empleo y para un desarrollo de calidad en nuestra provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana.
