La condena en casación por el Tribunal Supremo al médico Simón Viñals ?conocido por su vergonzosa y desastrosa actuación como facultativo en el llamado caso «Madrid Arena»? a una pena de prisión de año y medio por imprudencia grave con resultado de muerte, a una inhabilitación de cuatro años para el ejercicio de la medicina y al pago de 340.000 euros a la familia de una de las víctimas, viene a resarcir, de manera leve, el dolor de los familiares de las cinco víctimas que se produjeron, como recordará el lector, en el concierto de música organizado en el año 2012 en el Pabellón Madrid Arena por el principal acusado, el empresario Miguel Ángel Flores, condenado a cuatro años de prisión.

Los antecedentes de hecho de la resolución del Supremo resolviendo en casación se leen conteniendo la respiración. En ellos se hace una descripción casi minuto a minuto de la catástrofe que supuso la muerte de cinco chicas por aplastamiento, además de heridas graves a decenas de jóvenes. Con un aforo limitado a 10.620 personas, se permitió el acceso a 16.605 en medio de un absoluto descontrol del equipo de seguridad contratado por el Ayuntamiento de Madrid.

Todo lo que rodeó este escándalo, que involucró a responsables políticos del Ayuntamiento de Madrid como propietaria del recinto, sigue provocando, seis años después, una mezcla de rabia por lo sucedido y de desprecio, por un lado, hacia los principales responsables directos en la organización del concierto dada la dejadez con que actuaron, importando muy poco la seguridad de los miles de jóvenes que pagaron sus entradas y, por otro lado, hacia los responsables políticos del entonces Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Ana Botella, dado el evidente favoritismo que tuvieron hacia el empresario condenado, lo que supuso que se le diera manga ancha en la organización y gestión del concierto ejercitando una dejación voluntaria en la observancia de las más elementales medidas de seguridad.

Con su sentencia número 805/2017 el Tribunal Supremo viene a revocar la incomprensible sentencia del año 2016 de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió al médico Simón Viñals ?exconcejal madrileño del Partido Popular?, con el argumento de que no se podía acreditar que en el caso de haber prestado la adecuada asistencia a las víctimas, a las que dio por muertas, estas se hubieran podido salvar. Semejante idea (que no sabemos como calificar sin caer en el antiguo delito de desacato) es corregida por el Tribunal Supremo en una sentencia de 171 páginas de las que buena parte están destinadas al médico Viñals. Recuerda el Supremo que Simón Viñals no llevó a cabo las más elementales maniobras de reanimación de las víctimas que fueron atendidas por los médicos del Samur en el suelo de la enfermería, habitáculo que, además, no contaba con desfibrilador ni con agua corriente. De hecho uno de los técnicos sanitarios tuvo que ir corriendo a una de las ambulancias que había en el exterior del recinto para llevar un desfibrilador a la enfermería y explicar al doctor Viñals cómo utilizarlo ya que desconocía su funcionamiento. Viñals y su hijo (también médico) dieron por muertas a dos de las víctimas cuando no lo estaban, no colaboraron con el primer equipo de emergencias que acudió al pabellón del concierto, no dieron ningún dato de las tres chicas tiradas en el suelo que se encontraron los facultativos del Samur y no elaboraron informe médico alguno de su actuación.

Subyace, por tanto, un triple elemento. En primer lugar, el absoluto desprecio que los organizadores del concierto de música tuvieron por la vida de los miles de jóvenes que fueron a aquel fatídico concierto. Se permitió un aforo mucho mayor del permitido para obtener una ganancia muy elevada sin adoptar las medidas de seguridad imprescindibles. En segundo lugar, llama la atención que, una vez más, aparezcan involucrados concejales o altos cargos del Partido Popular de Madrid en asuntos que tengan que ver con el ocio nocturno y con empresarios que saben relacionarse muy bien con dirigentes populares. A raíz de este caso tuvieron que dimitir varios miembros del equipo de gobierno de Ana Botella por, entre otras razones, permitir que Miguel Ángel Flores alquilase este pabellón de titularidad pública teniendo deudas con la Seguridad Social. Y en un tercer lugar, la responsabilidad del médico Simón Viñals viene a recordarnos, una vez más, las consecuencias que suele tener la mezcla de medicina y beneficio económico o, mejor dicho, la ausencia de ética profesional de muchos médicos que actúan en el ámbito privado cuando surge algún problema grave. La actitud de Viñals, huidiza y desapareciendo a la mínima oportunidad, sin saber qué hacer y esperando a que llegaran los médicos de Urgencias con los cuerpos de tres chicas delante de él, constata qué entienden algunos por el ejercicio de la medicina.

Al leer la descripción que hace el Tribunal Supremo de las tres jóvenes tumbadas en una enfermería, sin apenas instrumental, agonizando y abandonadas por los dos médicos presentes, no he podido evitar, al recordar momentos pasados de mi vida, que los ojos se me humedecieran. El porqué es cosa mía.