En el corto espacio de tiempo que viene funcionando la Comisión del Congreso de los Diputados para la Modernización del Sistema Autonómico han comparecido 25 personas, entre ellas tres de los miembros de la Ponencia Constitucional que pilotaron la Constitución de 1978. Aunque todavía han de comparecer unas trescientas personas más, se puede deducir de lo allí debatido hasta el momento algunas consideraciones iniciales.
Todos coinciden en que el modelo territorial, después de casi cuarenta años de desarrollo, arrastra problemas de diseño que tienen que ser corregidos con el fin de mejorarlo y poder canalizar, constitucionalmente, los conflictos existentes. Pero, a continuación, se viene a decir que no se dan las condiciones políticas para alcanzar el necesario consenso, entre otras razones, porque el punto de partida, el «perímetro de la reforma», es decir, el ámbito, la temática y los límites de la misma, no están claramente establecidos de antemano.
Muestra de esta falta de consenso, incluso de interés, es que en la citada Comisión únicamente participan PSOE, PP (éste con la boca pequeña) y Cs (que no forma parte, por voluntad propia, de la Mesa de la Comisión), con las notables ausencias de partidos como UNIDOS PODEMOS, IZQUIERDA UNIDA, PDdeCAT y ER (éstos por considerar que la aplicación del art. 155 es una medida represiva), así como otros partidos nacionalistas, como es el caso de COMPROMÍS.
Si bien los trabajos de la Comisión se circunscriben a la cuestión territorial, es evidente que son sólo la punta del iceberg de un debate mucho más amplio que, de ir todo bien, tendrá lugar en la Subcomisión del Congreso para el Estudio de la Reforma de la Constitución, fruto de la propuesta que Pedro Sánchez formuló al tiempo de apoyar la aplicación del art. 155 de la Constitución, incoado como respuesta al golpe al Estado Constitucional perpetrado por los secesionistas en Cataluña.
Las dificultades señaladas se corroboran si repasamos las propuestas de reforma que figuran en los programas electorales de los diferentes partidos, que van desde la falta de propuesta alguna, caso del PP, otras limitadas y puntuales en el caso de Cs, vagas apelaciones a procesos constituyentes de nueva planta de IU y UNIDOS PODEMOS, hasta refrendos de autodeterminación del nacional/secesionismo. La confusión existente y la falta por ahora de unos mínimos de los cuales partir, se refleja en la última encuesta de SIGMA-2, la cual indica que si bien el 61% de la población considera que sería bueno reformar la Constitución, el 68.5% opina que los partidos políticos no se pondrán de acuerdo para llevarla a cabo.
En este contexto, el PSOE se ha erigido ?casi en solitario? como el principal motor y valedor de un proceso de reforma, con la responsabilidad que ello conlleva. La posición del PSOE en torno a los puntos principales de una posible reforma de la Constitución es bien conocida, articulada en torno a la idea de un nuevo pacto de convivencia, dado que el alcanzado en 1978 se ha roto en algunos aspectos esenciales, y que otros nuevos son necesarios para relanzar a la sociedad española hacia el futuro.
Por definición, no se trata de llevar a la Constitución el programa máximo de los diferentes partidos, experiencias concretas de gobiernos autonómicos (sean de un solo partido o de coalición), y convertir el texto en una suerte de Constitución dirigente que impida el libre desarrollo de la políticas que corresponde llevar a cabo a los gobiernos que gocen del apoyo popular, sino de fijar reglas de convivencia que preserven, entre otros valores, el valor fundamental del pluralismo político. Ello implica un planteamiento abierto, un debate de aproximaciones que tenga en cuenta a la ciudadanía, y no únicamente las tácticas electoralistas de los diferentes partidos. Éstas y no otras deberían de ser las líneas generales del «perímetro de la reforma», y no, como antes aludí, fijar de antemano los contenidos concretos que se van a reformar.
La cuestión principal se traslada, pues, a la manera en que se va a abrir el debate constitucional. Porque si es un hecho que la reforma no vendrá impulsada por el Gobierno, ni por las Comunidades Autónomas (ambos constitucionalmente habilitados para ello, siempre que, en el caso de las CCAA, venga avalada por las asambleas legislativas, no únicamente por sus gobiernos), sino por el Congreso de los Diputados, ello significa que, en el momento inicial, no es imprescindible un consenso completo o abrumador, sino una mayoría suficiente para que puedan incorporarse a los debates las fuerzas políticas que así lo deseen, especialmente las que cuentan con un amplio respaldo en la sociedad. Si, como creo, el PSOE es el pilar fundamental sobre el que descansa en buena medida el buen fin de la reforma, es muy importante que mantenga un discurso nítido, de Estado, sin fisuras, como corresponde a un partido que se llama federal. Sólo así será posible evitar que se antagonicen las diferencias y los debates estériles, en aras de alcanzar resultados concretos, con la vista puesta en el interés general.
