El pasado miércoles nos sorprendía la noticia del fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el que se condenaba al Ayuntamiento de Villena por negar se a ceder el coso taurino para la celebración de una corrida de toros a beneficio del Asilo de Ancianos el 7 de septiembre de 2016, a propuesta de la Peña Cultural Taurina Villenense. Fue esta peña la que, mediante la representación legal de la Fundación Toro de Lidia, interpuso una demanda que fue en primer lugar denegada por defectos de forma y, más tarde, recurrida y, como se ha visto, ganada ante el estamento judicial.
Cualquier victoria jurídica en este campo es una buena noticia para la tauromaquia. El análisis detallado, sin embargo, deja muchas incógnitas y provoca más incertidumbres, si cabe. ¿Cuál es, por ejemplo, la condena para quienes cercenaron los derechos de sus vecinos? Tan solo afrontar las costas causadas por el litigio. Es decir, todos los villenenses (aficionados o no) las abonarán de su bolsillo vía impuestos. De este modo, los propios afectados por la decisión del consistorio acaban pagando también aun habiendo ganado judicialmente. Esto parece especialmente grave. Si, según reza la sentencia, «los motivos por los que se deniega la organización de la corrida de toros son contrarios a derecho por falta de motivación, basándose en opiniones subjetivas de los miembros de la Comisión de Cultura, que evidencian su contrariedad a tales espectáculos y ponen de manifiesto la arbitrariedad de la resolución recurrida», la pregunta parece clara: ¿por qué no se inhabilita directamente a los responsables de este atropello a la libertad, en lugar de castigar a toda la ciudadanía?
Igualmente positivo resulta que esa sentencia esgrima que no se puede prohibir un espectáculo legal por opiniones subjetivas que suponen claro dogmatismo. Esto viene a decir que los miembros de esa comisión de cultura del consistorio villenense actuaron de manera sectaria, partidista y tendenciosa. Por explicarlo en román paladino, hicieron lo que se les pasó por el arco del triunfo y cometieron conscientemente una irregularidad en contra de la libertad y el derecho de sus vecinos. Se olvidaron, como tantos otros, de que la corporación municipal gobierna para todos, es decir, para los que piensan igual y los que piensan diferente, siempre que piensen legalmente. ¿Por qué razón se les permite, entonces, seguir en sus sillones?
Con todo, la sentencia esconde una trampa maliciosa cuando afirma que «la prohibición de espectáculos taurinos es competencia estatal, cuestión que no se discute». Esa es una verdad a medias y retorcida, porque lo que debería de haber recordado ese dictamen es que, según la Ley 18/2013, «los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución». Y cuando se le ha preguntado sobre cómo actuará ante una nueva situación parecida a Francisco Esquembre, actual alcalde de Villena y cabeza visible de toda esta histeria prohibicionista, en lugar de pedir perdón a los vecinos agraviados, la respuesta ha sido exasperante: «estamos pensando técnicamente en algún parapeto. Quizá habrá que cambiar la forma de hacerlo para evitar sentencias como la de ahora». A saber, que van a estudiar cómo pueden bordear la legalidad para volver a incurrir en la misma ilegitimidad. Del partido Los Verdes, que van de ecologistas de izquierdas, y ni lo uno ni lo otro, a lo que se ve.
¿Quién de verdad defiende que se administren las libertades y los derechos de los ciudadanos por igual? En Villena, de momento, han conseguido poner una pica en Flandes. Ese es el camino, aunque no se sabe muy bien adónde nos acabará llevando.
