Históricamente la mejor forma de mantener el enfrentamiento entre dos partes que realmente no deberían estar enfrentadas, es básicamente mintiéndole a la una sobre la otra y viceversa. Cuando esto se utiliza en política, por políticos es deplorable, pero cuando se lleva a cabo para enfrentar a empresarios por parte de quienes no lo son, resulta penoso que se consiga el resultado perseguido.

Pero hay una forma de evitar que se consiga ese resultado, que es hablar directamente con la otra parte, sin intermediarios, por eso y porque estoy convencido de que la verdad no llega a la Junta Directiva de la CEV, por muchos motivos, considero imprescindible dejar constancia escrita de las posiciones que hemos mantenido desde Alicante y su evolución para que cada cual juzgue sobre el actual resultado y el problema al que parece inevitable que terminemos abocados.

Sobre las cenizas de la extinta CIERVAL, y aunque quedaba una organización viva y perfectamente utilizable para reemplazar a CIERVAL, sin peligro alguno de ser continuidad de la misma, nunca comprendí por qué Salvador Navarro no quería hacer uso de lo que ya estaba constituido y funcionando, era obvio, porque los estatutos de CEPYMEVAL mantenían un equilibrio de poder entre las tres provincias, que habían sido la base de funcionamiento del esquema patronal hasta la fecha.

Pero al presidente de la CEV le movían otros intereses y vio claramente la oportunidad de apoderarse de la dimensión Comunidad Autónoma, sin tener que consensuar ningún cambio estatutario ni esas monsergas que son lentas y complejas de negociar. Por eso eligió el camino fácil ampliar unilateralmente el ámbito territorial de la CEV y crecer por fagocitación de los vecinos, que siempre es más rápido que esperar a que te inviten.

Desde Alicante, la situación no permitía resistencias numantinas y rápidamente se cedió a un control de la asamblea desde una posición mayoritaria de València, que no tuviese ningún cupo provincial de mínimos, también se cedió en el resto de cambios, cuotas designadas unilateralmente también y centralización en Valencia de todo el poder empresarial, nada de todo eso supone el mayor de los problemas. Únicamente se planteó como requisito de mínimos, una sencilla condición: en las provincias donde no existiese una organización confederativa intersectorial, que cubriese la mayoría de la representación en sectores y asociados, la CEV nombraría un Consejo Provincial sin personalidad jurídica que cubriese la representatividad de la Provincia en cuestión, pero en los casos en que los empresarios de cualquiera de las tres provincias, considerasen oportuno constituirse en confederación provincial intersectorial y con personalidad jurídica, sería esta última la que ocuparía el encargo de la representatividad empresarial en la provincia, elegiría a su presidente sin depender de la asamblea central y su presidente, sería el vicepresidente de la CEV.

Si esto se considera que no es un requisito mínimo que por parte de una provincia que no quiera permitirse perder su identidad, ni ser marginada en las inversiones, ni organizar los intereses empresariales fuera de su seno, pues entonces estaremos condenados para siempre al enfrentamiento. Si por el contrario en un acto de reflexión alguien de los muchos que en la Junta Directiva de la CEV no conocían estos términos, consigue hacer reflexionar a Salvador Navarro, que nadie cuestiona su liderazgo, que la asamblea central de la CEV tendrá sus mayorías en base a las reglas del juego que ya se han impuesto y que esto no supone ningún obstáculo de la carrera de Salvador Navarro hacia Madrid, entonces tendremos una oportunidad de poder conciliar el potente tejido empresarial de la Comunidad Valenciana y por primera vez habremos ganado todos.