Desde que se puso en marcha la Alta Velocidad Española (AVE), en 1992, la transformación del sistema ferroviario ha sido vertiginosa. La Alta Velocidad ha sido usada por cerca de 400 millones de viajeros y la red construida (más de 3.200 kilómetros) sitúa a España como segunda potencia mundial, por detrás de China.
Para los gobiernos, fueran populares o socialistas, el AVE ha sido un éxito. Pero, ¿es eso cierto, más allá de las medallas que quieren colgarse los ministros de turno por hacer llegar la Alta Velocidad a su tierra? Porque, si analizamos la inversión (financiera y socialmente), crecen las dudas sobre su rentabilidad.
Por ejemplo, según un estudio de 2015 (elaborado por los profesores Ofelia Betancor y Gerard Llobet), todas las líneas de AVE en España son ruinosas (la más frecuentada, la Madrid-Barcelona, solo conseguirá recuperar un 45% del capital invertido); cuando se desarrollen las conexiones de Madrid con el Norte, ni siquiera se cubrirán los costes de funcionamiento.
Más aún. Las clases medias pagan su coste vía impositiva€ cuando el 75% de los usuarios del AVE son personas de rentas altas; por tanto, las clases medias-bajas y bajas (que usan las, en bastantes casos, deficientes redes de cercanías), sufren un efecto regresivo. Todo ello, sin olvidar la falta de voluntad política para potenciar ejes que sí beneficiarían a la economía, como el Corredor Mediterráneo.
Pero no se preocupen: estos datos no los verán mucho en los medios, dedicados a replicar lo bien que va a ir la población X cuando esté conectada con Madrid, pese a que los efectos industriales y/o turísticos sobre X serán inapreciables€ y Madrid va fagocitando capital humano y económico de la periferia (no solo la catalana o la vasca, que suelen ser los más ruidosos). Cuando esas poblaciones periféricas se den cuenta de ello quizá sea tarde.
