Hace unos días en las Cortes, la número dos regional del PP, la oriolana Eva Ortiz, y el ilicitano Emigdio Tormo -actualmente uno de los portavoces de Ciudadanos en las Cortes, en su momento cargo público popular y además uno de los antiguos colaboradores de Joaquín Ripoll en la Diputación- se enzarzaron en una agria disputa parlamentaria con toques muy alicantinos. Durante el «cara a cara», precisamente, salieron a relucir las investigaciones por corrupción vinculadas a la gestión del que fuera líder del PP en Alicante y máximo responsable de la institución provincial. A Tormo, como se recordará, Ripoll lo repescó en la Diputación como director de la Agencia Provincial de la Energía dentro de la lucha del zaplanismo para mantener el control provincial del PP frente a Francisco Camps. Repartir sueldos públicos en la Diputación era la única manera que tenía Ripoll de mantener a su ejército unido para poder frenar al campismo.
En un debate sobre la prisión permanente revisable, Tormo le echó en cara a la bancada del PP sus casos de corrupción. Desde los escaños populares le recordaron su pasado y el ahora dirigente de Ciudadanos se quitó importancia asegurando que, en su momento, sólo era un simple concejal. En ese momento, pidió la palabra Eva Ortiz para censurar al diputado de Ciudadanos: «A lo mejor debería ser usted quien explique por qué le expulsamos del Partido Popular por su vinculación con Ripoll, que está a punto de sentarse en el banquillo procesado por el caso Brugal». Todo ello con una sonora reacción de Isabel Bonig, sentada a su lado, que gritó: «Toma, toma, trágatela». El episodio refleja el punto hasta el que están acosados los antiguos cargos del PP -estén hoy ubicados en el proyecto político que estén- por su pasado.
Fue un error de la izquierda durante su etapa en la oposición reclamar, de forma indiscriminada, dimisiones ante cualquier tipo de imputación judicial. Ahora eso se les puede acabar volviendo en contra. El PP va a intentar «tapar» sus problemas con una catarata de denuncias contra cargos de primera línea del Pacte del Botànic. La vieja estrategia del calamar: imputar a diestro y siniestro para trasladar la imagen a los electores de que todos los políticos son iguales. Y en ese discurso, los populares, a pesar de la amenaza que supone Cs como alternativa con su mensaje de regeneración democrática para el votante de derechas, están convencidos de que salen ganando. En esa maniobra cabe enmarcar la denuncia del PP contra la vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, por los contratos para la limpieza de centros sociales y residencias en la que se incluye a la vez a todos los miembros del Consell.
No ha tardado ni 72 horas la coalición de izquierdas en devolver el partido al campo del PP. Y además donde más les duele a los populares: en la Diputación de Alicante, la única gran institución que queda en sus manos después de las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Compromís respondió al PP aireando una resolución judicial que su portavoz en la corporación provincial, Gerard Fullana, manejaba desde hace días a la espera del mejor momento para aprovecharla: la decisión de un juzgado de Alicante de abrir una investigación tras una denuncia de Compromís por los contratos con una empresa vasca para participar en Fitur de la Diputación a través del Patronato de Turismo en época de Ripoll. Vuelta a la actualidad de ese pasado del PP sobre el que discutían hace unos días en las Cortes Eva Ortiz y Emigdio Tormo.
Un procedimiento que salpica, de momento, a la Diputación y a cinco municipios entre ellos Teulada durante el mandato de José Císcar, hoy presidente provincial del PP, como alcalde. Un supuesto fraude que sumaría unos cinco millones en total. Y en el que se investiga, además, la asistencia a Fitur del Patronato de Turismo durante 2007 y 2008, periodo en el que la Gürtel también campaba a sus anchas en esa feria a cuenta de la Generalitat y los dos años en los que el PP se presentó a las elecciones «dopado» con financiación ilegal. En València y en Alicante, como se desprende de las facturas, el «modus operandi» era similar: contratos fraccionados, pagos inflados, adjudicaciones directas... Nada es casual en política. Compromís devuelve una pelota que el PP no se quita de encima.
