El Puerto de Alicante construirá una terminal cerrada para la carga y descarga de graneles y así cerrará un conflicto que ha durado demasiado en el tiempo y pone en peligro la viabilidad de esta actividad en la provincia. El desvío esta semana, por el cierre judicial de la operativa de graneles, de barcos a València y Gandia, y el consiguiente paro forzoso de las empresas y los trabajadores, lleva a la Autoridad Portuaria a adoptar la medida que le exigió el Consell. La solución, naves cerradas como en Santander, es buena para el Puerto, para los trabajadores y para los vecinos, con lo que es satisfactoria para la ciudad y para la provincia. Es cierto que el Puerto estaba antes de que se construyeran los bloques de edificios, también lo es que se han tomado medidas por parte de las empresas y la Autoridad Portuaria para minimizar la contaminación, pero no lo es menos que algunas descargas de graneles han generado mediciones de contaminación inadmisibles con los parámetros actuales de calidad del aire. Se debe reconocer que durante los últimos dos años el problema se ha enquistado hasta límites insufribles porque el pulso que Gabriel Echávarri (PSOE) y Miguel Ángel Pavón (Guanyar) tenían en el Ayuntamiento lo trasladaron equivocadamente al Puerto. La polarización entre es el Puerto quien tiene razón (Echávarri) y son los vecinos quienes tienen razón (Pavón), ha hecho mucho daño en un problema en el que hay mucho desprecio por los argumentos del contrario. Es mucho dinero el que hay en juego, y muchas las familias de uno y otro lado afectadas como para no poner un punto y final. La decisión del presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, obliga ahora al Consell a actuar con rapidez, porque el Puerto de Alicante no puede estar cerrado.
