En los últimos días estamos viviendo una situación en la ciudad de Elche consecuencia de las decisiones del tripartito sobre el edificio de Riegos El Progreso que merece una líneas que sirvan de aclaración a los ilicitanos que asisten entre perplejos e indignados al caos generado en la ciudad. Se trata de un inmueble que se encontraba recogido en un catálogo de edificios protegidos del año 1982 y en el año 1996 con la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Elche, aprobado por PSOE e Izquierda Unida, se desprotege la parte del edificio que tenía su entrada por la plaza de la Constitución. Como dato fundamental en ese mandato ya era concejal socialista Carlos González y por Izquierda Unida Juan Antonio Oltra y Ángeles Candela, dirigentes destacados de Compromís junto a Pascual Mollà, padre de la actual concejal Mireia Mollà. Entre 1996 y 2011 siguió gobernando la ciudad el Partido Socialista en solitario o acompañado de Compromís, es decir, quince años gobernando sin que se planteara la proteccion de este edificio y eso que en el 2007 se presentó solicitud de licencia para construir un edificio nuevo.
Estos partidos de izquierda vuelven a gobernar la ciudad en mayo de 2015. En la actualidad, tras dos años y medio después, su actuación ha sido la concesión de licencia de construcción en febrero de 2017 y la concesión de licencia de demolición en octubre de 2017. Sin entrar a juzgar el valor patrimonial de este edificio lo cierto es que se han aprobado dos licencias de conformidad con la legalidad vigente. Sin embargo, atendiendo a las declaraciones realizadas por el tripartito, tienen claro que la licencia es legal y que no concederla hubiera sido un atropello a los derechos de la propiedad del edificio. Por ello me surgen dudas que me llevan a preguntarme cuál es la razón que mantiene al Ayuntamiento pasivo ante la decisión de Conselleria de paralizar la obra. No sólo es que la licencia estuviera concedida sino que la demolición del edificio se había iniciado y estaba casi finalizada con eliminación de suelos, techos, vigas, etc. por lo que la decisión de paralizar la obra y su posterior apuntalamiento ha generado el caos en la ciudad de Elche con calles principales cortadas al tráfico, con desvío del transporte público, comercios con problemas de abastecimiento de productos y perjuicios innumerables para los vecinos o menos afluencia de clientes. Casi dos décadas después, tanto PSOE como Compromís no han movido un dedo por la proteccion de este edificio, al contrario lo desprotegieron en los años 90. Por tanto, que no se hagan preguntas ahora que ellos mismos conocen las respuestas de primera mano. Por ello, ahora no nos vale que recurran a intentar culpar al trabajo de la anterior legislatura cuando PSOE y Compromís ha gobernado la ciudad durante 35 años. Y si nos referimos al anterior mandato es para destacar que fuimos pioneros en iniciar la proteccion del patrimonio arquitectónico municipal al crear la Mesa de Patrimonio y la jefatura de Patrimonio en la Concejalía de Urbanismo, cuyo principal trabajo fue la realización de un nuevo catálogo de edificios protegidos. En definitiva, volvemos a tener la ciudad en una situación insostenible, con el peligro que se alargue en el tiempo, como viene ocurriendo con la obra paralizada del Mercado Central. Nos preocupa en qué manos se encuentra la ciudad de Elche, con unos dirigentes que con cinismo e hipocresía pretenden desviar la atención sobre su nefasta gestión con acusaciones que demuestra su incapacidad para gestionar. Lo único positivo es que el próximo 2019 hay elecciones municipales y los ciudadanos de Elche pueden arreglar esto dejando a PSOE y Compromís fuera del Gobierno local.
