Los jóvenes que estudian ESO y Bachillerato tienen claro que su futuro ya no está en este país. La propaganda del Gobierno central trata de convencernos de que hemos salido de la recesión económica, pero la realidad es que los jóvenes de entre 16 y 19 años tienen claro que si quieren tener un trabajo estable, bien remunerado y que les permita conciliar la vida laboral con la personal, deben buscarlo fuera. Un informe revela que sus planes pasan por formarse en las universidades españolas -más baratas que las europeas, las inglesas o las americanas-, y una vez titulados (preferentemente en Medicina o en Derecho y Administración de Empresas) buscarse la mejor vida posible. Ni se lo podemos ni se lo debemos reprochar. El problema se presenta para quienes están ya en la edad mediana y, por supuesto, para el Gobierno. La pérdida de estas contribuciones esenciales en las próximas décadas es el golpe de gracia para el estado del bienestar español, que se nos asegura es el mejor del mundo, pese a que no resiste la comparación con el de, por ejemplo, Bélgica. Quizá por ello, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha puesto encima de la mesa remodelar nuestro sistema de pensiones para que se tenga en cuenta toda la vida laboral de una persona. Una efectiva medida contra tanto fraude por parte de trabajadores que solo se preocupan de sus cotizaciones en los últimos años imprescindibles para cobrar la pensión más alta posible o contra quienes voluntariamente se aprovechan del sistema y laboran más en el sector de la economía sumergida que en el de la emergente. Si por fin se decidiera tener en cuenta toda la vida laboral de un trabajador, lo que todavía está por ver, la oferta de empleo cambiaría porque pocos estarían dispuestos a aceptar nóminas con la mitad del sueldo en negro y así entre todos contribuiríamos a hacer una sociedad mejor.
