Realmente, Alicante nunca ha contado con una estrategia global de inmigración, ni antes ni ahora. Desde hace tiempo, lo que ha habido son iniciativas de distinta naturaleza que han tratado de abordar, atender e intervenir sobre diferentes aspectos de las migraciones y los migrantes, en algunas de las cuales he intervenido y trabajado activamente. También los vecinos han dado sobradas muestras de acogida y convivencia hacia los inmigrantes en nuestros barrios, al tiempo que profesionales sanitarios, profesores y trabajadores sociales llevan años actuando de manera decisiva para que la población extranjera acceda a recursos esenciales para ellos y sus familias.
Es así que el compromiso del fallido tripartito de crear una Concejalía de Inmigración y sus promesas de desarrollar un trabajo novedoso con los inmigrantes en la ciudad se veían con esperanza, si bien, las polémicas adjudicaciones de dos sustanciosos contratos que acaba de realizar este gobierno municipal a la misma ONG, dirigida por destacados cargos históricos del PSOE, sin trayectoria, experiencia, ni presencia física en Alicante y sin que nunca haya llevado a cabo iniciativa alguna hacia los inmigrantes en la ciudad, nos ha devuelto a la dura realidad.
No tengo la menor duda de que el proceso de adjudicación formal de estos contratos es legal y se ajusta a las bases de las convocatorias que se llevaron a cabo, pero todos sabemos que las convocatorias se diseñan también en base a los perfiles de las entidades con las que se quiere contratar, al tiempo que resulta enormemente llamativo el hecho de que los dos mayores contratos que el Ayuntamiento de Alicante concede en su historia en materia de inmigración sean otorgados a esta ONG tan peculiar, con sede en Madrid, presidida por un destacado dirigente guerrista, Victorino Mayoral, exdiputado socialista y exconsejero de presidencia de la Junta de Extremadura, que dirige un entramado de organizaciones que viven al calor de las cuantiosas ayudas recibidas de administraciones gobernadas siempre por el PSOE.
La Liga Española de la Educación no ha llevado a cabo en toda su historia actividad alguna en Alicante relacionada con la población inmigrante, careciendo de trabajadores y hasta de sede física en la ciudad, ya que comparte un buzón en la calle Castaños con una asociación de consumidores. En su ideario, inequívocamente socialista, reivindican el papel de las casas del pueblo y el legado de Rodolfo Llopis, secretario General del PSOE en el exilio desde 1944 a 1972, estando especializada en la educación pero no en inmigración. De hecho, han llevado a cabo proyectos tan variopintos como la prevención del VIH en Extremadura, acciones de educación básica en El Salvador o investigaciones sobre los adolescentes españoles para el Instituto de la Juventud (INJUVE).
Con ese bagaje, han recibido dos elevados contratos por parte del Ayuntamiento, el primero, un «Programa de Cohesión Social desde la Escuela» por parte de la Concejalía de Inmigración que dirige Gloria Vara por importe de 219.615 euros para tres cursos académicos adjudicado el pasado mes de agosto, y el segundo en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) como «Programa de formación permanente para personas migradas» por importe de 163.680 euros, en el que por cierto se permite la subcontratación. Cuando recibieron el primero de los contratos, la Liga Española de la Educación contrató de inmediato como coordinadora de este proyecto a la misma persona que venía trabajando como mediadora social en centros educativos de Alicante y que formaba parte de la segunda propuesta competidora que recibió mejor calificación, ya que por no tener, carecían hasta de profesionales, además de pedirle el diagnóstico que había realizado sobre los centros educativos de la ciudad. Muchas de las reuniones técnicas que se llevan a cabo tienen que realizarse en Valencia o Madrid, ya que en toda la provincia carecen de sede física, más allá de afirmar contar con una «liga federada», dirigida también por otro histórico del socialismo alicantino, Agustín Jiménez, al igual que el resto de las «ligas» que tienen en España. Uno lleva muchos años analizando, investigando y evaluando ONG como para saber que estas organizaciones repletas de altos cargos políticos lo hacen, no por sus conocimientos técnicos especializados a nivel social, sino porque en realidad son «conseguidores» de contratos en las administraciones con las que tienen influencia. De hecho, el presidente de la Liga Española de la Educación, beneficiada por tan sustanciosos contratos, no ha ocultado nunca en Alicante su relación privilegiada con Ángel Franco, exsenador que lleva veinte años manejando los hilos del PSOE local.
Y mientras esta ONG recién aterrizada en Alicante era tan afortunada, otras personas y organizaciones que han venido trabajando desde hace años en la ciudad de manera sobresaliente en excelentes proyectos con inmigrantes, referentes a nivel nacional, han tenido que echar el cierre porque se les ha negado cualquier apoyo e incluso la mínima consideración hacia su trayectoria por parte de este mismo gobierno municipal, alegando que no tenían un solo euro para apoyarles, como ha sucedido con uno de los mejores programas de mediación sanitaria promovido por la ONG «Medicus Mundi», que venía trabajando con éxito en los centros de salud de Ciudad Jardín y Lo Morant, junto a profesionales sanitarios y profesores universitarios. Siempre hubo clases.
