al vez los lectores de este periódico con buena memoria recuerden a Mariano Rajoy en el año 2009 pletórico en un fingido papel de campechano -que de vez en cuando saca a pasear- acusando a la entonces ministra de Fomento Magdalena Álvarez de ser la culpable de que el aeropuerto Barajas de Madrid tuviese que ser cerrado durante cinco horas como consecuencia de una enorme nevada. Dijo Rajoy entonces que España había dado una imagen tercermundista y que lo mejor que se podía hacer si se coincidía por la calle con Álvarez era cambiar de acera.
Pero hete aquí que hace unos días volvió a ocurrir algo similar, es decir, que una gran nevada repentina provoca el caos en alguna infraestructura de carácter estatal. ¿Similar decimos? En realidad, no. La primera diferencia es que ahora el caos se ha producido en una autopista de entrada o salida de Madrid de las más importantes si nos atenemos al número de vehículos que la utilizan diariamente, afectando de manera directa a las personas que lo sufrieron ya que tuvieron que permanecer en el interior de sus coches más de quince horas a temperaturas gélidas y no sentados en un aeropuerto a resguardo del frío y a una temperatura agradable como ocurrió en la nevada del año 2009. La segunda diferencia es que el ahora principal partido de la oposición, un PSOE liderado por Pedro Sánchez, ha sido más prudente de lo que fue entonces el Partido Popular y se ha limitado a pedir explicaciones en el Parlamento en vez de organizar un Club de la Comedia para que su responsable pueda desarrollar el ejercicio de la comicidad. Y en tercer lugar se ha de resaltar que el Partido Popular ha vuelto a echar la culpa a los conductores de haber cometido el pecado de querer regresar a sus casas después de un fin de semana que incluía el festivo del día de Reyes, tradicionalmente utilizado por los españoles para visitar a algún familiar. Ya lo hizo en la famosa nevada del año 1997 en que la carretera A-3 que une la Comunidad Valenciana con Madrid quedó cortada durante casi un día porque los conductores, según dijo el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, cometieron la irresponsabilidad de querer conducir por esta autovía.
Muy fácil lo tenía por tanto el actual director general de Tráfico después del estrepitoso fracaso de la última nevada de cierta importancia que ha habido en España. La culpa de que cientos de conductores se quedasen atrapados en la AP-6 durante quince horas sin recibir ningún tipo de atención ha vuelto a ser de los conductores que se empeñaron en querer viajar un domingo y, por supuesto, de la empresa concesionaria de la autopista colapsada que no puso en marcha el protocolo por fuertes nevadas, según el todavía responsable del tráfico en España.
Detrás de este nuevo episodio de incompetencia se puede vislumbrar el método habitual de la derecha española. En primer lugar se privatizan todos los servicios de tradición pública librándose de tener que gestionarlos y, por tanto, de la posibilidad de cometer errores en la gestión que obligasen a tener que rendir cuentas. En segundo lugar, en el caso de que estas empresas cometan algún error producto de la habitual precariedad laboral y de medios humanos que llevan a cabo para obtener el mayor rendimiento posible, se echa la culpa a las empresas concesionarias anunciando de manera rimbombante la intención de abrir expedientes administrativos para averiguar las causas del desastre organizativo y que siempre quedan en nada. El motivo, en realidad, es bien evidente. Las empresas privadas que obtienen la concesión de un servicio público que hasta entonces era gestionado por la Administración despiden a todos los trabajadores posibles que venían realizando esa actividad, eliminan la maquinaria que sólo se utiliza de vez en cuando y no se gasta un solo euro hasta que no queda más remedio.
Este bucle es el mismo que se ha podido observar en las privatizaciones salvajes de la sanidad pública o de servicios básicos como la recogida de basuras o suministro de agua potable que el Partido Popular puso en marcha en cuanto llegó al poder a mediados de los 90 en casi todas las comunidades autónomas de España, aunque en estos casos con el agravante de graves casos de corrupción generalizada.
Al margen de la torpe gestión de Gregorio Serrano al frente de la Dirección General de Tráfico, de su chulesco tuit alardeando de haber estado en Sevilla en vez de en Madrid organizando el caos circulatorio y al margen también de que responsabilizara a los conductores y a la empresa concesionaria de la autopista (sometida en teoría a su control) son los ciudadanos los que deben pedir explicaciones en el momento en que se produce el fallo y según qué respuestas se den tenerlo en cuenta para recordarlo la próxima vez que haya elecciones generales en España dado que es a los votos y la posibilidad de perderlos lo único a lo que tienen respeto cierta clase de políticos que abundan en el Partido Popular de España.
