El Estado del Bienestar del que tanto hemos alardeado durante años se sustenta entre otros pivotes en la sanidad pública y en las pensiones. El envejecimiento demográfico y la reducción del número de cotizantes está aumentando el gasto del sistema público de previsión. Hace unos días el Tesoro Público anunciaba un préstamo de 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones en 2018, mientras que el PSOE por boca de su secretario general, Pedro Sánchez, lanzaba la propuesta de crear dos nuevos impuestos para poder sufragar el coste de las pensiones públicas. Señales más que evidentes que reafirman la complicada situación que atraviesa el sistema, sus dificultades para permanecer tal y como está, e indicios de que se aproximan cambios en un futuro inminente, que afectarán a todos. A los ya jubilados, a los que esperan estarlo en el corto y medio plazo y a quienes comienzan a contribuir ahora con sus cotizaciones. Signos que nos conducen a pensar que la prolongación de la edad de jubilación a los 70 años cada vez es más evidente. De hecho, ya está en vigor e incorporándose de forma progresiva el horizonte temporal de los 67 años para no ver recortadas las retribuciones que se perciban como clase pasiva. Pero, además, la sostenibilidad del sistema no está garantizada, tal y como la concebimos ahora mismo, por lo que cada vez son más intensos los consejos que recomiendan que se complementen las futuras pensiones con fondos privados para reducir al máximo posible la brecha económica que nace cuando traspasamos el umbral de la salida del mercado laboral. Esa incertidumbre sobre el futuro es la que nos aboca a urgir una solución que concilie las demandas personales con las posibilidades reales y garantizar de este modo la continuidad de este pivote del bienestar alcanzado.
