07 de enero de 2018
07.01.2018
Tribuna

¿Presos políticos o políticos presos?

«Que su detención se haya llevado a cabo por razones estrictamente políticas, sin conexión con ninguna ofensa», exige el documento como una de las condiciones principales

07.01.2018 | 00:44
¿Presos políticos o políticos presos?

A muchos líderes políticos de este país de los que se definen como progresistas, se les ha llenado la boca con la expresión «presos políticos». Creo que convienen unas líneas para dejar muy clara la diferencia entre un «preso político» y un político que por la razón que sea está en prisión.


En 2012, el Consejo de Europa, no sin dificultades, aprobaba una definición de «preso político» aplicable a todos los países del viejo continente. «Que su detención se haya llevado a cabo por razones estrictamente políticas, sin conexión con ninguna ofensa», exige el documento como una de las condiciones principales. Los arrestados catalanes no cumplen este requisito; se les investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, desobediencia y revelación de secretos. De ahí que sean, como mucho, «políticos presos», y no «presos políticos». Esta resolución europea también menciona como características del preso político la «duración de la detención desproporcionada por razones políticas». Otro extremo que tampoco se cumple. En menos de veinticuatro horas, sólo permanecían privados de libertad siete de los catorce altos cargos del Govern.


¿Son entonces presos políticos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Carles Mundó? No parece que sea el caso. Según el auto judicial, cometieron supuestamente los delitos de rebelión, sedición y malversación. Se dan, asimismo según el texto judicial, los supuestos previstos para dictar prisión provisional sin fianza. No han sido, por tanto, encarcelados por sus ideas: son políticos presos, no presos políticos.


El fondo del asunto es que, estos políticos, se habían acostumbrado a la impunidad de tal forma que ya creían tener el privilegio de saltarse las leyes, incluso cometiendo delitos tan graves como el de sedición y el de rebelión, delitos cometidos al violar la Constitución Española y las sentencias judiciales, a fin de promover la separación de una parte de España, usurpando la soberanía nacional.


Significativamente, la orden de prisión preventiva dictada contra ellos fue justificada por la juez Carmen Lamela por la fuga de Carles Puigdemont y otros exconsejeros a Bélgica. El expresidente del Gobierno catalán y cuatro de sus exconsejeros han desobedecido la citación judicial, por lo que la Fiscalía pidió su detención. Este desenlace del golpe separatista en Cataluña era muy previsible. Me da la sensación de que el Gobierno de España ha sido muy suave a la hora de tomar medidas contra los golpistas, incluso les dio la oportunidad de regresar a la legalidad, pero no hicieron caso. El separatismo catalán lleva años incumpliendo las leyes y desobedeciendo sentencias judiciales (por ejemplo, las que amparan el derecho a estudiar en español en Cataluña), sin que ello tuviese consecuencias.


Es más la organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), aclaró, en su momento, que no consideraba «presos de conciencia» a los dirigentes catalanes y ex miembros del Gobierno regional que se encuentran en prisión provisional por presuntos delitos vinculados al plan independentista. La aclaración de Amnistía Internacional se refiere tanto a  Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, jefes de las dos mayores entidades civiles independentistas de Cataluña en prisión desde el 16 de octubre por un presunto delito de sedición, como a los ocho ex consejeros del Gobierno catalán detenidos por presunta rebeldía y otros cargos.


Podemos concluir en que todo lo que ha sucedido, lo ha hecho al amparo de la Constitución y de las leyes vigentes.

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