La manifestación que ayer recorrió las calles de València en demanda de una financiación justa para esta comunidad fue seguramente un éxito de participación, del que el Gobierno central tendrá que tomar nota. Pero resultó al mismo tiempo un canto a la impotencia.
No me sumo con esto a la posición del PP, el único partido de los que tienen representación en las Corts que no apoyó la convocatoria. La hipocresía y la incoherencia que luce el PP en este asunto está siendo sonrojante. Los populares se manifestaron sin ningún problema contra Madrid cuando el gobierno estaba en manos de los socialistas (recuérdense, por ejemplo, las marchas del «agua para todos» que ahora, en la peor sequía de las últimas décadas, los delegados de Rajoy en estas tierras han olvidado por completo y, con ello, a los regantes). Pero, además, han reconocido públicamente lo obvio: la infrafinanciación que padecemos por culpa del Estado. Lo admitió Isabel Bonig y lo proclama cada vez que le preguntan el exministro y diputado por Alicante José Manuel García Margallo. Bonig rectificó a la vista de la somanta de palos que le cayó desde sus propias filas, garrotazos que lo mismo le dieron, en público y en privado, tanto sus compañeros de Madrid como sus conmilitones de la propia Comunitat. En cuanto a García Margallo, es un verso suelto sobre el que a estas alturas nadie tiene autoridad para hacerle callar, aunque su incidencia en la estrategia política a seguir por el PP en la Comunitat Valenciana sea mínima.
No voy por ahí, pues, cuando digo que la movilización de ayer contra el maltrato que recibimos del Estado, por mucha asistencia que tuviera, también evidenció nuestra debilidad. Los motivos de la manifestación no pueden ser más razonables: la Comunidad Valenciana aporta como región rica pese a haberse empobrecido, de tal manera que su deuda ha crecido hasta situarse a la cabeza de España mientras cada ciudadano de este territorio recibe un 11% menos que la media nacional. Pero fue una manifestación promovida, fundamentalmente, por el Consell, es decir, por nuestro gobierno. Y uno no elige un gobierno para que se manifieste, sino para que logre corregir las situaciones haciendo política. Y la política, en estos casos, no se hace en la calle.
La calle ha ganado muchas batallas a lo largo de la historia. Pero ha sido contra los gobiernos, contra todos los gobiernos, no mediante movilizaciones impulsadas por los propios gobiernos. Cuando éstos buscan la calle como argumento político, ningún problema se resuelve. Tampoco parece que sea el medio natural de las organizaciones empresariales.
En realidad, el problema de la Comunitat Valenciana es que hace demasiado tiempo que no está en el mapa político de España. Y ese es un déficit que no se arregla sacando pancartas. La posición hay que ganarla en el seno de cada partido y en el de cada institución. ¿De qué sirve que los políticos aquí se echen a la calle si cuando tienen que votar en Madrid, sea la financiación sea cualquier cosa, votan sumisamente lo que en Madrid se decide sin contar con València? Ese es el problema del PP, del PSOE, de Ciudadanos (¿se acuerdan de cuando Albert Rivera negó en una entrevista con este periódico en plena campaña electoral que hubiera ningún problema con la financiación?) y hasta de Podemos. No lo es de Compromís... aparentemente. Porque Compromís tiene su base aquí y por tanto todo el margen en Madrid, pero tampoco ha demostrado hasta ahora saber negociar en la Carrera de San Jerónimo las cuestiones importantes.
Las organizaciones empresariales, por su parte, tampoco han sabido jamás ejercer la presión allá donde deben, que es en los despachos y los cenáculos de la capital del Estado. Incluso el intento más relevante, el del Corredor Mediterráneo, empieza a languidecer frente a un Gobierno que promete pero no cumple pero que tampoco se siente realmente agobiado por las reivindicaciones que provienen de València por muy multitudinarias que éstas parezcan. De hecho, manifestarse ayer en València les ha supuesto profundizar en sus enfrentamientos internos. Porque esa es otra: ni siquiera ante una situación tan claramente injusta como la del déficit que el Estado mantiene con la Comunitat, que repercute en recortes y obstáculos al desarrollo, han sido capaces ni partidos ni empresarios de formar un frente común. Si no lo logramos aquí, ¿cómo esperamos que se lo tomen en serio fuera?
La buena noticia es que, aunque no sea por nosotros, el Gobierno no va a tener más remedio más pronto que tarde que afrontar la reforma del actual sistema. La manifestación de ayer, en ese sentido, al menos debería servir como punto de partida para fortalecer la posición con la que la Comunitat se siente a esa mesa. Esperemos que así sea, pero los indicadores no son precisamente para ser optimistas. Ayer hubo tres grandes manifestaciones. A la hora en que se cerraba esta edición, dos de ellas, celebradas por la mañana, la que reivindicaba mejores comunicaciones para Extremadura y la de los policías y guardias civiles reclamando la equiparación salarial con los cuerpos policiales autonómicos, seguían ocupando espacios destacados en las ediciones digitales de los periódicos de Madrid. La que montamos aquí para reivindicar justicia redistributiva, por el contrario, o había que buscarla en los espacios inferiores o, incluso, ni aparecía. O sea, que el grito puede que haya sido fuerte pero el eco parece discreto.
