Una justicia pendiente

Hace tiempo que la fecha del 20 de noviembre dejó de ser conocida en España o, por lo menos, dejó de importar. Que el pasado lunes se recordasen los 42 años transcurridos desde la muerte del principal responsable de la dictadura más larga y sangrienta que se ha conocido en Europa, interesa poco o casi nada a las nuevas generaciones de españoles. Este desinterés y desconocimiento puede ser observado desde un doble punto de vista. En primer lugar, como prueba de que el paso del tiempo entierra los cuerpos pero al mismo tiempo sepulta los deseos de algunos de pasar a la historia a cualquier precio. Cuando se pregunta a los menores de 25 años si saben quién fue Francisco Franco una gran mayoría responde de forma negativa, nivel de conocimiento que mejora, sólo de manera tenue, cuando se hace la misma pregunta a personas de hasta 45 años. Se dice que una democracia está asentada en un país cuando su población tiene muy poco interés por la política salvo en tiempo electoral a lo que podríamos añadir que a pesar de que creemos vivir en un tiempo convulso en el que los fanatismos de extrema derecha y de extrema izquierda parecen haberse adueñado del discurso político, son las ideas centradas de la derecha democrática y de la izquierda socialdemócrata las que siguen dirigiendo la política en España. Así pues, podríamos deducir que el hecho de que las nuevas generaciones no tengan ni idea de quién fue Franco, la Transición o que no tengan implicación alguna en política significa que no viven en tiempos convulsos.

En segundo lugar, otra consecuencia mucho más negativa del desinterés de las nuevas generaciones por conocer qué fue la dictadura franquista al que aludíamos más arriba es la del olvido de las dos principales consecuencias que la dictadura franquista dejó como herencia indeseable al llegar la democracia en 1977. Me refiero a las decenas de miles de cuerpos de compatriotas españoles enterrados en fosas comunes y cunetas de carreteras de media España así como al hecho de que los responsables ?que continúan con vida? de las torturas que se practicaron en comisarías de Policía de media España y en clandestinos centros de torturas como la funesta Dirección General de Seguridad de Madrid lograsen dejar atrás su pasado delictivo de torturadores sin que la democracia española haya sido capaz de revertir esta situación.

Ya hemos afirmado en esta misma sección en diferentes ocasiones que es comprensible, desde un punto de vista humano, que los descendientes de aquellos que perteneciendo o no a la maquinaria franquista se aprovecharon de manera directa o indirecta de los perdedores de la Guerra Civil española, es decir, de la mitad de la población, no quieran remover el pasado ni mucho menos que se ponga negro sobre blanco la responsabilidad de sus padres y abuelos en la represión ejercida por el dictador Francisco Franco y los ministros de sus gobiernos. Pero comprendiendo su negativa a hablar de la responsabilidad de sus familias en el saqueo de bienes y derechos de los vencidos (no debe ser fácil admitir que tu bienestar se sostuvo gracias a la rapiña) hay que resaltar el derecho supremo de los descendientes de las víctimas de los fusilamientos masivos que el bando sublevado franquista llevó a cabo en cada pueblo y ciudad que conquistó durante la guerra ?y una vez terminada? enterrando a los asesinados en la clandestinidad de la noche, a conocer el lugar donde se encuentran sus seres queridos para darles un entierro digno.

Resulta también incomprensible que torturadores franquistas profesionales como Antonio González Pacheco, alias « Billy el Niño», hayan logrado hacer una vida plena y libre con la llegada de la democracia sin que ni siquiera haya sido jamás reclamado por un tribunal de justicia español para que explicase ?o justificase en su caso? su acción represora durante los últimos años del Franquismo. Como recordará el lector González Pacheco perteneció a la llamada Brigada Político Social, grupo policial similar ?en cuanto a objetivos y métodos de trabajo? a la Gestapo de la Alemania nazi, que tenía su sede en la Dirección General de Seguridad de Madrid y que sirvió de inspiración a las dictaduras de Chile y Argentina.

Que el Partido Popular de Mariano Rajoy se jacte de no haber dedicado ni un solo euro a desenterrar a los cerca de doscientos mil muertos que sembraron el territorio español de sangre, vergüenza y dolor una vez acabada la Guerra Civil, explica que aunque creamos que vivimos en una democracia consolidada falta mucho para que los españoles podamos sentirnos orgullosos de nuestro sistema político y de vivir en un país llamado España. Cada vez que la derecha española habla de la necesidad de pasar página y de que los familiares de los desaparecidos se callen de una vez y dejen de molestar se constata, una vez más, la profunda huella que el franquismo dejó en las mentes de muchos españoles que no saben reconocer la ignominia y la injusticia aunque la tengan delante.