No tengo muchas esperanzas de que el portavoz municipal del PP de Alicante y alcaldable en las quinielas para las próximas elecciones, Luis Barcala, convoque esta misma mañana a los medios de comunicación para asumir la responsabilidad de su partido sobre el hecho de que a uno de sus exconcejales, José Antonio Sobrino, se le haya abierto juicio oral por trocear un contrato municipal durante el primer mandato de Sonia Castedo. Cierto es que el líder de la oposición no formaba entonces parte de aquel gobierno, pero en su doble condición de abogado y hombre de partido, su asesoría jurídica ya aleteaba en el momento en que se conoció que Sobrino, hoy apartado de la política, fraccionó en distintas facturas los casi 50.000 euros por los que se adjudicó a dedo a una única empresa el montaje de una feria outlet, en contra del procedimiento legal que obliga a pedir presupuesto a, al menos, tres adjudicatarios potenciales. Sobrino se enfrenta a un posible delito de prevaricación. Le piden siete años de inhabilitación para un cargo público.
La música les sonará porque se escribe con los mismos acordes con que el Partido Popular ha compuesto la letra de la canción de este otoño-invierno. Como habrán adivinado, cuenta la historia de la situación procesal del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, cuya dimisión se exige por una cuestión casi idéntica a la protagonizada por el televisivo exconcejal del PP, titular entonces, como hasta ahora lo ha sido la primera autoridad de Alicante, de la Concejalía de Comercio. Barcala no estaba allí, pero tampoco se recuerda que reprobara la inanidad y condescendencia de aquella administración. Dudo que los populares asuman hoy la responsabilidad que no se admitió entonces, dado que debilita una parte importante de la estrategia del PP para tumbar al edil socialista, pero reconocer que así no se gestiona un ayuntamiento ayudaría a que la falta de credibilidad del político no siguiera cayéndose a chorros.
