Hace ahora poco más de dos semanas -concretamente el pasado 27 de octubre-, el PSPV citó al plenario de su mastodóntica dirección -más de setenta personas- en su sede de Blanqueries. Era la segunda vez que se reunía desde el congreso socialista. Pero en ese encuentro que se celebró a finales del pasado octubre -concebido para lanzar los congresos comarcales- apareció en escena el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, al que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, metió en la ejecutiva junto a los principales cargos institucionales del partido en el Consell y en los grandes municipios. Su presencia causó sorpresa, especialmente, entre los dirigentes alicantinos que forman parte de esa dirección. No es muy habitual que Echávarri juegue un papel demasiado activo en los órganos de decisión del socialismo valenciano a pesar de que ostenta la vara de mando en la ciudad más grande bajo mando de un alcalde afiliado al PSPV.
Sin estar en el orden del día, el primer edil alicantino tomó la palabra. En aquel momento, el alcalde sólo estaba imputado por el fraccionamiento de facturas en la concejalía de Comercio. Esa convocatoria se celebró apenas 24 horas después de la firma del famoso pacto de refundación entre el PSPV y Compromís. El documento dejaba claro que el primer edil tendría que marcharse en el supuesto de que se «agravaran», sin especificar nada más, sus problemas judiciales. Ni el juez le había procesado aún por ese procedimiento vinculado a la gestión de Comercio, una resolución que tomó el pasado martes. Ni la Fiscalía había decidido -lo haría cuatro días después de esa reunión de la ejecutiva- enviar al juez la investigación que desembocó en su segunda imputación por el despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, como venganza. Pero Echávarri ya sabía a lo que se enfrentaba.
El alcalde de Alicante, decía, solicitó intervenir en aquella convocatoria -no suele hacerlo- sin que nadie se lo pidiera. Abogado de profesión, era consciente, sin ninguna duda, de lo que se le venía encima. En una intervención larga de unos quince minutos, apuntan fuentes del PSPV, Gabriel Echávarri trató de poner encima de la mesa tres argumentos: la total confianza en que, finalmente, saldrá limpio de los procedimientos judiciales; la diferencia de dos cuestiones que considera administrativas pero que nada tienen que ver con la corrupción; y el objetivo irrenunciable, en su opinión, de retener la alcaldía a toda costa -Echávarri sabe que la falta de votos para elegir otro alcalde es una baza para seguir en el cargo pese a las imputaciones- para que continúe en manos de los socialistas intentando cerrar así la puerta a la posibilidad de buscar una alternativa o de que caiga como un regalo, vino a decir, para el PP.
Durante la intervención hubo miradas a un lado y otro, especialmente, de los dirigentes de la provincia. Y también del propio Ximo Puig, señal inequívoca de la incomodidad que genera el conflicto de Alicante -un territorio clave desde el punto de vista electoral- en la cúpula del PSPV. Nadie respondió al alcalde Echávarri. Ese mismo argumento, casi calcado, fue el que repitió, punto por punto, el alcalde de Alicante para hacer un Gerard Piqué y proclamar que, al menos de momento, «se queda» en la Alcaldía, una vez que se conoció su procesamiento junto a dos de sus asesores por el caso de las facturas de Comercio, inicialmente; y a continuación la segunda imputación por el despido de la cuñada de Barcala.
Así que el pasado martes, cuando el juez le acercó al banquillo por el primero de esos asuntos, todo ese escenario, por muy complicado que sea para el PSPV, no le cogió a nadie por sorpresa. Tanto que ese mismo día el secretario de Política Municipal del PSPV y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, habló por teléfono con el líder local de Compromís, Natxo Bellido, para que no se rompiera la comunicación entre ambas formaciones. Bielsa le trasladó a Bellido que entendía la decisión de abandonar el gobierno municipal pero, en todo caso, le solicitaba mantener las vías abiertas y le emplazaba a esperar la evolución de los acontecimientos. No le dijo más. Pero quedó claro que, llegado el momento, ambas direcciones desean mantener una línea de diálogo que permita intentar sumar quince votos para recomponer el acuerdo y elegir un sustituto para Echávarri.
Las palabras el pasado viernes de Manuel Alcaraz, conseller y presidente del colectivo de Compromís en Alicante, van en esa dirección: «Me consta que tenemos el fuerte compromiso de seguir trabajando sea desde la oposición, pero también con un pacto de gobierno que fue firmado en su día y las propuestas que coincidan seguirán siendo apoyadas», afirmó para, dejando claro que Echávarri debe marcharse, incidir en que hay «un deseo de que la ciudad pueda mejorar» para que «el ayuntamiento en su conjunto sea capaz de superar este mal momento cuanto antes». La decisión del PSPV de alargar la agonía hasta la apertura de juicio oral es, a la vez, un apoyo con fecha de caducidad pero también un margen de tiempo para tratar de resolver la cuestión. ¿Pero hay ya algún camino dentro de las filas socialistas abierto en la dirección en la que se deben desarrollar los acontecimientos si se produce la salida de Echávarri?
Gran parte de la cúpula del PSPV se inclina, en estos momentos, por tres líneas de trabajo. Primero, casi todos creen que el alcalde de Alicante, antes o después, tendrá que dimitir. Ven casi imposible que el procesamiento por el fraccionamiento de contratos en Comercio no se convierta, al final, en un auto de apertura de juicio oral, momento en el que como tope máximo debería producirse la renuncia. Y consideran una quimera gobernar con 6 de 29 concejales. Segundo, hay unanimidad sobre Eva Montesinos como la edil que debe intentar sumar quince votos para ostentar la Alcaldía de Alicante frente a las presiones de Ángel Franco, el hombre que mueve los hilos del partido en la capital. Tercero, una mayoría de la cúpula socialista se decanta por intentar recomponer el «puzzle» del gobierno ahora roto de la izquierda, al menos con Compromís y si es posible con Guanyar una vez que, con la marcha de Echávarri, se acabarían disipado las diferencias personales que han minado la relación entre los líderes de estos grupos -Bellido y Miguel Ángel Pavón- y el alcalde.
Pero habría que buscar un voto más. Y muchos coinciden que, ahora mismo, sería mucho más posible tentar a Fernando Sepulcre, el tránsfuga que ya tiene en su mano el control de la Diputación, para que sea el concejal número 15 -la «niña bonita»- que negociar con Nerea Belmonte. Es un problema, admiten, que según la ley no se le puedan dar competencias a cambio de ese apoyo pero consideran, en cualquier caso, que es más flexible para poder hablar. Y, además, apuntan fuentes socialistas, tiene una relación personal fluida con Eva Montesinos. Así que todas las líneas están abiertas pero, de momento, el futuro de la ciudad de Alicante continúa en manos de una decisión personal de Echávarri para arrojar la toalla. O pendiente de un nuevo auto judicial.
